Las defensas piden que se divida el caso y se levante el secreto de sumario

Sevilla- Varios defensores en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos creen que, tras la reincorporación de la juez Mercedes Alaya, se debe plantear la división de una causa «interminable» y levantar el secreto del sumario después de casi medio año «a oscuras». Juan Carlos Alférez, quien defiende a un jefe de servicio de la Junta, aseguró a Efe que este caso se ha convertido en «una causa interminable, a modo de racimo, a la que no se ve fin, en la que continuamente se abren nuevas líneas de investigación, donde los folios se cuentan por decenas de miles y los imputados pueden llegar a la centena», frente a los 60 actuales. A su juicio, Alaya «se esfuerza al máximo», pero el problema reside en la «complejidad y extensión de la causa», por lo que abogó por «reflexionar si no sería posible dividirla, formar causas separadas con las nuevas líneas que pretendan abrir las acusaciones y someterlas a reparto para ser instruidas por separado», en su juzgado o en otros.

Por su parte, Miguel Villegas, que representa a un abogado del Estudio Villasís, cree urgente levantar el secreto del sumario decretado en noviembre de 2012 sobre una nueva línea de investigación de la Guardia Civil, ya que esa medida es un «reducto de sistemas inquisitoriales que merma las posibilidades de las defensas, que llevamos casi medio año a oscuras». Además, el abogado Fernando De Pablo, quien defiende al ex director de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, coincide en que plantear ahora un calendario de declaraciones «puede crear una indefensión al no contar con todos los elementos de la investigación».