Las escuelas infantiles pelearán contra la Junta para cobrar su deuda

Las patronales estudian medidas legales para reclamar los cinco millones de la mensualidad compensatoria si Educación rechaza negociarlo en la mesa sectorial. No descartan acudir a los tribunales para forzar la ejecución del acuerdo

«Realizar una compensación económica a los centros y escuelas de educación Infantil que tienen suscritos convenios de financiación hasta tanto no se lleve a cabo la revisión del precio público por aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con el abono de un pago único anual. Será efectuado antes de la finalización del curso escolar y su importe no será inferior a mil euros por unidad». Ése es el punto principal del acuerdo que suscribieron en febrero de 2013 la patronal y los sindicatos de los centros de Infantil de primer ciclo y el argumento con el que los afectados reclaman a la Junta un pago que estiman ronda los cinco millones de euros. La primera intención de las patronales es negociar el cobro en la convocatoria de la mesa sectorial, prevista para el 4 de octubre.

«En caso de incumplirse definitivamente el acuerdo se va a poner todo en manos del gabinete jurídico para ver si inician un proceso judicial», aseguran desde la Asociación Escuelas Infantiles Unidas. «Es un acuerdo que la Administración ha decidido incumplir unilateralmente», advierten.

La consejería comunicó su intención de no abonarles esa cantidad durante la reunión informativa que mantuvo el martes pasado con organizaciones y sindicatos. Según la citada asociación, en el transcurso del encuentro con el director general de Centros y Planificación le instaron a que la decisión quedara reflejada por escrito, algo a lo que Educación no accedió. «Es el segundo acuerdo que incumplen. Era algo que se había acordado y firmado por la consejería y todas las patronales», lamenta María José Ordóñez, coordinadora de Infantil de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES). También ellos estudiarán qué posibilidades hay de reclamarlo legalmente y, si es necesario, acudirán a los tribunales. «La consejería nos dijo que no pueden pagarlo por problemas a nivel jurídico. Es algo que se lleva planteando desde que se firmó, pero la realidad es que se ha acabado pagando siempre», recuerda. No obstante, asegura que Educación «no nos ha comunicado qué normativas en concreto se incumplirían».

De hecho, el decreto de marzo también contempla esta figura de la mensualidad extra, enmarcada en la Ley General de Subvenciones. Según recoge, las entidades colaboradoras deberán suscribir un convenio con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y de esta manera se compensarían los gastos por gestionar la admisión del alumnado, cuya labor recae en los centros conveniados. Sobre la compensación de este curso, la Junta sí dio seguridad de que se cobraría. A los centros se les informó de que parte de ella se les ingresaría por adelantado para solventar los posibles problemas de caja del arranque escolar.

En principio, la Mesa de Educación Infantil convocada en octubre se fijó para negociar los nuevos tramos de bonificación, que han provocado que a un 40% de las familias les salga más cara la plaza de sus hijos, al establecerse horquillas de renta más estrictas para las ayudas. Además deben abordarse otras cuestiones prioritarias, entre ellas, la limitación de convocatorias extraordinarias de escolarización o permitir que se bonifique el comedor a niños que no lo solicitaron inicialmente.

En el documento firmado en 2013 también se fraguó un compromiso de elaborar un estudio externo para analizar el coste de la plaza de educación infantil de primer ciclo con el objetivo de adoptar un nuevo precio público de la plaza, «cuando la coyuntura socieconómica lo permita». Esa misma «coyuntura económica», agravada por el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central, fue la que desbarató el acuerdo anterior, dando lugar a la figura de la paga compensatoria. Un análisis similar ya se había realizado en 2011 conjuntamente entre todos los actores, incluida la consejería. Entonces se determinó que el coste real por puesto escolar era de 331 euros frente a los 206 establecidos desde el curso 2008/2009 –suponen 279 euros al mes si incluye el comedor–. Eso implicaría que los centros conveniados están soportando en solitario el sobrecoste.

En junio de aquel año, las escuelas infantiles creían haber amarrado una revisión al alza del precio. Seis años después no solo no se ha materializado, si no que ha tenido el efecto contrario, con un descenso opcional, puesto que el polémico decreto de la Junta publicado en marzo permite ofertar rebajas de hasta el 15%.