Legislar contra la iniciativa privada

La deriva del bipartito es peligrosa. Ha decidido enarbolar la bandera de lo público y ha señalado como enemigo a la iniciativa privada. Lo peor es que lo hace en contra de decisiones anteriores, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica. Mientras todos los gobiernos tratan de adaptar sus legislaciones mientras que sea posible para captar inversiones, en Andalucía se hace lo contrario: cambiar la normativa para evitarlas. Tras la reciente paralización del gasoducto de Gas Natural en Doñana no se esconde un simple celo por proteger el paraje natural, uno de los más importantes de Europa. Poner en riesgo el ecosistema resultaría contraproducente y nadie lo entendería. El problema es que los antecedentes no apuntaban en esa dirección. La filial de Gas Natural Petroleum Oil Gas-España obtuvo permiso del Ejecutivo andaluz para investigar la posibilidad del almacenamiento subterráneo de gas en las provincias de Cádiz y Sevilla. En Doñana ya existe un gasoducto. El Ejecutivo andaluz anunció a través de su portavoz que su decisión se tomaría desde una perspectiva técnica y jurídica y no desde la dialéctica política. Los hechos han confirmado que no ha sido así. El vicepresidente Diego Valderas anunció ayer que era una decisión que está «en el ADN» de IU, la formación que con su apoyo al PSOE permite que funcione el bipartito. Ha sido, por tanto, una decisión política, que es el peor mensaje que se pueda transmitir a los inversores extranjeros, que ya saben que para destinar recursos económicos a Andalucía deben contar con el visto bueno de los dirigentes del Ejecutivo andaluz antes que cumplir con la normativa vigente. Un mensaje muy negativo.