«Lo preocupante es que el 96% de los fondos no se han ejecutado con Díaz»

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aboga por esperar la sentencia sobre los cursos.

La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, mostró ayer su respeto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y lamentó que desde que gobierna Susana Díaz en Andalucía, el 96 % de los fondos destinados a la formación de parados «no se hayan ejecutado».

Cuestionada por los periodistas en Almonte sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir el archivo de la pieza política de los cursos de formación, en la que hay 24 ex altos cargos socialistas acusados, al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de estos ex responsables del Gobierno andaluz, indicó que «necesitamos esperar a conocer la sentencia».

Además, la ministra incidió en que en el ámbito de la formación para el empleo lo que le preocupa precisamente es esa falta de ejecución de fondos: «Desde que gobierna Díaz, el 96 por ciento de los fondos para formar a parados y trabajadores no se han ejecutado ni dedicado a las personas y esto lo he lamentado en estos tres años».

Por ello, expresó su deseo de que «cuanto antes» la presidenta de la Junta y su equipo «se pongan a trabajar por las personas, a través de la formación, nos irá mejor a todos los andaluces, en materia de empleo y de oportunidades».

La Fiscalía, en un escrito dirigido al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, descartó que los investigados propiciaran una «red clientelar», como sostuvo la jueza que abrió la causa en el 2014, Mercedes Alaya.

Esta petición se basa en que tras las investigaciones practicadas, y las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación.

En esta pieza están imputados el ex consejero Antonio Fernández, dos ex directores generales de Formación, dos ex directores generales de Empleabilidad y Formación Profesional, nueve delegados provinciales de Empleo y diez jefes de servicio.

La ministra acudió ayer a la clausura, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de los once pozos reconocidos legalmente que existen en la finca Cortijo de Los Mimbrales, que compró el año pasado y que ha supuesto dejar de detraer 6,8 hm3 de agua del acuífero que surte al Parque de Doñana.