Los argumentos revisionistas: de Franco a la negación visigoda

El PP considera que el informe para la titularidad de la Mezquita «tiene menos papeles que la tesis de Pedro Sánchez» y Cs duda de su «sectarismo»

Un informe que ha supuesto un gasto de 898 euros (el coste de los viajes y dietas de los expertos) para el Ayuntamiento es la base para la reclamación a la Iglesia de unos de los bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad como la Mezquita de Córdoba. El informe jurídico que solicita al Estado que lleve el caso al Tribunal Constitucional, y que no destaca por su fortaleza, es obra de la ahora vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. El informe histórico, con más peso, procede de una comisión de expertos encabezada por Federico Mayor Zaragoza y dos de los más relevantes medievalistas del país: Juan Bautista Carpio y Alejandro García Sanjuán. Las reacciones, en cualquier caso, no se han hecho esperar. El PP considera que el análisis «tiene menos papeles que la tesis de Pedro Sánchez» y Ciudadanos duda del «sectarismo» de los autores del informe por su cercanía al PSOE. Los populares ven en el informe «una cortina de humo que trata de tapar las vergüenzas de la alcaldesa».

El documento elude, por ejemplo, que todos los bienes de la Iglesia fueron del Estado por una ley de 1931. También se omite que de lo primero que enseñan en la visita a la Mezquita son los antiguos restos del templo visigodo sobre el que se construyó la misma, cuyas evidencian defendieron en la edición del domingo de este diario varios historiadores y especialistas en Derecho. El documento señala que en su arranque que «a pesar del amplio debate desarrollado en torno a la supuesta existencia de un templo cristiano previo, lo que las evidencias históricas permiten asegurar es la ausencia de cualquier clase de constancia fehaciente de la existencia de tal templo cristiano en el solar en el que se construyó el templo musulmán». Los expertos aluden a «indicios» y «evidencias» en la construcción como Mezquita. «Las referencias a la llamada Iglesia de San Vicente, que se ubicaría en ese mismo solar, proceden de fuentes literarias árabes tardías, muy elaboradas y que se sitúan en un marco propagandístico orientado a establecer la total equiparación de los Omeyas de Córdoba con sus antecesores los Omeyas de Damasco». «Lo que sí dejan claro las fuentes documentales es que la construcción de la primitiva mezquita por Abderramán I responde a un proyecto de carácter estatal», convirtiéndose en «un emblema político y religioso». También era la sede del cadí, el juez principal de Al-Ándalus y el emir o califa nombraba a los imanes.

El documento reseña el gran apego de los cordobeses con la Mezquita, citando pasajes como cuando Al Hakam II intentó orientar el templo a La Meca y el pueblo se negó. Cuando Fernando III conquista Córdoba en 1236 regía «el derecho de conquista», por lo que el edificio «va a continuar ligado al Estado» y «estrechamente unido al sentimiento de los cordobeses». El informe defiende que «sólo en épocas muy recientes, y en relación con su inmatriculación por parte de la Iglesia Católica (en 2006), diferentes elementos eclesiásticos han defendido, sin base documental alguna, que este inmueble es propiedad eclesiástica por donación» de Fernando III en 1236. Los expertos defienden que «el uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa. Y en el caso cordobés, no existe donación expresa». También se cita que «una década después, tras la conquista de Sevilla, el rey se reservaría para sí mismo la mitad de la antigua Mezquita Mayor almohade con la idea de dedicarla a Capilla Real, donando a la Iglesia la otra mitad. Aunque, al igual que en el caso cordobés, la totalidad del edificio se dedicara al culto católico». También se alude al uso exclusivo de la Monarquía de la Puerta del Perdón.

Otro aspecto que se apunta son «las polémicas obras del siglo XVI», siendo el Consejo de Córdoba «la institución encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones reales». El Rey autoriza las obras y el Consejo o Ayuntamiento vela por el cumplimiento de las órdenes reales. Otro dato que se argumenta: el enterramiento «en tiempos tan tempranos como 1246» del infante don Juan.

«Durante los siglos XIX y XX se mantiene tanto la vinculación del pueblo de Córdoba con su Mezquita como su carácter de edificio público, encargándose el Estado de su protección y conservación, siempre con el apoyo cercano y constante del Ayuntamiento», continúa el texto. En 1924, «el inicio de las obras se comunica desde Madrid al Gobernador Civil», sin ningún «indicio que nos pueda llevar a pensar que alguien considerara que» obispo o Cabildo «tuvieran algún derecho de propiedad sobre la Mezquita Catedral». «Tampoco el Estado surgido de la Guerra Civil considerará la Mezquita Catedral como un bien ajeno» y «durante varias décadas rondó la idea de 'purificar' la Mezquita, sacando de ella las construcciones cristianas añadidas, que pareció contar con el beneplácito del propio dictador Francisco Franco».