Los constructores reclaman estabilidad política ya

Advierten de que la «paralización institucional» ha originado «inseguridad jurídica» y lamentan que se «lastra» la recuperación.

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de la provincia de Málaga, (ACP) denunció ayer que la «paralización institucional» que vive el país a nivel político y los efectos de las tres citas electorales que se han sucedido en el último año han originado «inseguridad jurídica en el sector» y están lastrando su recuperación definitiva.

El presidente de ACP, Emilio López, expuso al respecto la «enorme preocupación» del sector y lamentó que la «falta de estabilidad en gobiernos de coalición» derive en las citadas paralizaciones, «además de en decisiones previamente aprobadas».

Durante la presentación del balance de actividad en 2015 y primer semestre del año en curso López abundó en que los «leves indicios» de recuperación están «muy focalizados» en Málaga capital y en la localidad costasoleña de Marbella si bien, en este caso, el relanzamiento «definitivo» está condicionado a la resolución de los problemas derivados de la anulación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En este punto, hizo público que los constructores no sólo están sufriendo la falta de inversión pública, sino que además «están padeciendo los efectos de las licitaciones creativas» por parte de algunas administraciones públicas, «que no están teniendo pudor en aprovecharse de la situación de desesperación del sector» para incluir en la redacción de los pliegos «cada vez mayores exigencias que los contratistas tienen que asumir, si quieren al menos tener la posibilidad de ser adjudicatarios».

López aludió a este respecto a la «situación de desigualdad que están viviendo las empresas constructoras andaluzas» desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de Andalucía, «que obliga dar publicidad a los procedimientos previstos en la Ley de Contratos como negociados sin publicidad», para reclamar un «trato igualitario».

«En otras regiones siguen utilizando procedimientos sin publicidad para importes pequeños, utilizándolos para dinamizar la actividad productiva local», aseveró el presidente de ACP.

Las cifras

La provincia malagueña cerró el pasado año con un balance de 24.705 operaciones de compraventa de inmuebles, la mayoría protagonizada por ciudadanos extranjeros; no en vano, según datos aportados por ACP Málaga es la segunda zona del país que más confía en el llamado turismo residencial, que acapara casi el 41 por ciento de la inversión, atribuida en su mayor parte al mercado británico.

Con todo, la cifra de viviendas visadas en 2015 fue un 300 por ciento superior a la del ejercicio precedente, hasta llegar a las 2.142, tendencia que se ha consolidado durante el primer semestre del año con un crecimiento del 134 por ciento, respecto al mismo período del año anterior.

Todo ello, pese a que las administraciones públicas redujeron su aportación anual en la provincia de los 150 millones del año 2006 a los 142 del año 20145.

En lo que va de año, y a pesar de que el primer trimestre seguía arrojando cifras en negativo, los datos de inversión apuntan a 125 millones de euros, de los cuales 58 han sido aportados por ayuntamientos; 40 por la Junta y 27 por el Gobierno Central.