Los decretos de garantías estallan

El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto el dedo en la llaga alertando del aumento de las listas de espera en la sanidad pública andaluza en 2017. «Durante 2016 ciframos las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25 por ciento de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en 2017 dicho porcentaje incluso se supera», señala el informe. A esta radiografía se añade ahora el análisis que ha hecho la asociación «Huelva por una sanidad digna», que ha recabado datos publicados en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que arroja unos resultados demoledores. Según la entidad –que ha convocado varias manifestaciones contra la gestión sanitaria en la provincia y viene reclamando de forma insistente reuniones con la Consejería de Salud para tratar los déficits en esta materia–, el año pasado terminó con 36.788 pacientes que sobrepasaban los plazos máximos de los decretos de garantías de respuesta asistencial en la comunidad autónoma, 30.921 más que en 2016.

Cabe recordar que las dos normas que fijan los plazos máximos de espera, 209/2001 y 96/2004, establecen como límite 30 días de demora en la realización de pruebas complementarias solicitadas en la atención primaria, 60 días para las consultas de especialistas en el hospital y 180 para las intervenciones quirúrgicas programadas. En concreto, había 26.228 pacientes esperando una primera consulta, 4.059 una intervención quirúrgica y 6.501 una prueba diagnóstica. Estos datos no han hecho más que crecer en los últimos años. De hecho, en 2015 un total de 1.113 personas sobrepasaban los plazos de los decretos y en 2016 la cifra alcanzaba los 5.867.

Los tiempos de espera se situaron en los 52 días de media para la primera consulta, 69 para las intervenciones programadas, 181 para las intervenciones quirúrgicas y 34 para las pruebas diagnósticas, superando en muchos casos los plazos marcados por los decretos. Sin embargo, los datos son mucho más preocupantes si tomamos como referencia la cifra global de pacientes en listas de espera –sin que tengan que superar los plazos de los decretos–. De hecho, 2017 acabó con 310.212 personas en listas de espera, 6.557 más que el año anterior. Este crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, ya que en 2015 los pacientes en listas de espera alcanzaron los 289.986 y en 2016 los 303.655.

En este punto, la presidenta de la asociación, Julia Paloma Hergueta, critica los «incumplimientos normativos» del SAS, puesto que no publica cifras «de las revisiones ni de las resoluciones». Además, no hay datos de todas las especialidades, donde hay casos «sangrantes» como enfermos terminales. Por ello, recuerda que la entidad ha puesto en marcha una campaña, que se desarrolla en diferentes centros médicos y hospitales, para dar a conocer a la ciudadanía los plazos máximos de espera y las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para reclamar una asistencia adecuada.

Igualmente, cita el caso de Huelva, donde una derivación a un especialista no se produce hasta dos meses después de la primera solicitud y una prueba diagnóstica se verifica «en cinco semanas». Hergueta va más allá al preguntarse «cuántos niños integran las listas de espera» e insta a la oposición a reclamar los datos totales, «sumando las 47 especialidades». «¿Por qué los sindicatos UGT y CC OO callan? ¿Por qué la oposición no exige el cumplimiento de los decretos de garantías dadas estas escalofriantes cifras?».