«Los mecanismos de protección social han fallado durante la crisis»

En una comunidad autónoma donde casi 3,5 millones de personas padecen serias dificultades para vivir de forma digna, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) tiene por delante un difícil reto, el de aunar esfuerzos para aliviar tantas apreturas y reconocer los derechos de los que menos tienen. Juan Reyes acaba de coger las riendas de esta plataforma, que aglutina a más de 40 entidades del ámbito social, y, a pesar de los números abrumadores que dibujan una situación alarmante, cree que la interlocución con la Administración y la colaboración con los diferentes sectores de la sociedad civil son los mejores cauces para cambiar las cosas.

«Mi principal objetivo es seguir la misma línea que hemos mantenido hasta ahora», asegura el también director de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía. «Seguiremos con nuestra labor de incidencia política e institucional, que es prácticamente el 90 por ciento de nuestra actividad». En este sentido, EAPN-A no sólo apuesta por el asistencialismo para combatir la pobreza, sino por «reconocer y garantizar derechos». En el plano de las reivindicaciones, la lista es larga. El colectivo sigue mostrando su oposición al modelo de Renta Mínima de Inserción Social que entró en vigor a comienzos de este año. «Planteamos una ley más amplia, compatible con la entrada en el mercado laboral hasta un cierto nivel de renta». Reyes lamenta que esta cobertura social se interrumpe cuando la persona accede a un puesto de trabajo, que «suele ser precario y limitado en el tiempo». «Queremos que siga vigente hasta que el beneficiario obtenga un sueldo que supere los 800 o 900 euros».

También reclama que las partidas dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión aumenten un 5 por ciento en los presupuestos autonómicos, una ley del Tercer Sector en la región –como ya existe en el ámbito estatal– y una ley integral de igualdad, «similar a la que planteó Zapatero», para «garantizar los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación».

Pero una cosa son las normas y otra la cruda realidad que se vive en la región, donde «gran parte de la clase media ha pasado a una situación de vulnerabilidad, con tremendas dificultades». De hecho, según los datos recogidos por EAPN-A, el 41,7 por ciento de la población andaluza está en riesgo de pobreza y exclusión social. A Reyes le extraña que desde 2007, cuando estalló la recesión, hasta 2017 el Producto Interior Bruto (PIB) «ha crecido casi un 7,5 por ciento». «Claramente, los mecanismos de protección social han fallado durante la crisis», mantiene, además de criticar que «se han priorizado otras cuestiones». Además, pone el foco en una legislación laboral que «ha hecho mucho daño». «Los trabajadores acceden a puestos con una baja remuneración. Incluso tenemos una clase trabajadora empobrecida, que no llega a fin de mes». ¿Cómo abordar este problema? Reyes cree que «todos los sectores deben poner de su parte». También las empresas, así que aboga por implementar la responsabilidad social corporativa para invertir la tendencia «al beneficio infinito».

Sobre el papel de la Administración, reconoce que «existe buena voluntad a la hora de intentar dar la vuelta a la situación», pero la política, enrevesada cada vez más, «parece que complica las cosas». «El objetivo final, que la gente pueda vivir mejor, se ve condicionado por cuestiones de los partidos».

Mañana se conmemora el día internacional del pueblo gitano. Reyes conoce muy bien las dificultades que atraviesan los casi 300.000 gitanos que viven en Andalucía, «la comunidad más numerosa de toda España». Pero la imagen que la sociedad en general tiene de este colectivo «sigue siendo muy estereotipada». Por ejemplo, todavía se mantiene una etiqueta que vincula a los gitanos con la venta ambulante. «Hoy por hoy el 50 por ciento de la comunidad trabaja por cuenta ajena. Es decir, hay una relación mucho más estrecha con la ciudadanía, pero eso no se ha traducido en una buena imagen de los gitanos». Por tanto, «nos estamos esforzando muchísimo por alcanzar cotas sociales similares a las del resto de los ciudadanos».

Igualmente, denuncia situaciones de discriminación en el ámbito educativo, lo que le lleva asegurar que la Administración, en esta materia, «no está garantizando los derechos de los gitanos». «Existen colegios completamente segregados y no hay políticas orientadas al éxito educativo».