Los peligros de hacer una oposición como «traje a medida» para los interinos

El TS tumbó el artículo del Real Decreto que blindaba a los docentes eventuales. El 70% de las plazas en educación ya son para interinos

Opositores, durante un examen
Opositores, durante un examen

El TS tumbó el artículo del Real Decreto que blindaba a los docentes eventuales. El 70% de las plazas en educación ya son para interinos

El anuncio por parte del Gobierno de que está perfilando un plan para estabilizar las plantillas de interinos en los próximos tres años tiene sus aristas. Y algunas aristas son judiciales. La Junta de Andalucía se ha subido al carro reclamando una oferta de 40.000 plazas dirigida fundamentalmente a los sectores de educación y sanidad. Pero no se trata de una iniciativa fácil de encajar. Primero, porque es el Ejecutivo central el que debe armonizar la convocatoria para todo el conjunto nacional y por tanto tiene la última palabra respecto a las cifras que maneja en este momento la Junta. En segundo lugar, ya hay sentencias del Tribunal Supremo en contra de oposiciones diseñadas como un «traje a medida» para los interinos.

El partido que ha reaccionado con más contundencia en Andalucía ha sido Ciudadanos. Su líder regional, Juan Marín, advirtió el jueves a la Junta de que no cuente con los votos de su formación si lo que pretende es una convocatoria «por la puerta de atrás» para dar «estabilidad» a interinos y eventuales. Oposiciones, sí, pero siempre y cuando se lleven a cabo – sostiene esta formación– dentro de unos parámetros de igualdad, mérito y capacidad, blindados en la Constitución Española, en el Estatuto Básico del Empleado Público y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La tentación de programar oposiciones a la medida de los interinos no es nueva. El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó un Real Decreto en 2007 en el cual desarrollaba el proceso de acceso a los cuerpos docentes previsto en la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 2006.

El artículo 61 de ese Real Decreto fue especialmente polémico, ya que permitió a las comunidades autónomas habilitar una vía que acabó siendo un coladero de interinos, toda vez que éstos podían sustituir la segunda parte del examen, consistente en la preparación, exposición oral y defensa de una unidad didáctica por un «informe» a instancias de la propia administración para la que estaban trabajando.

De entrada, los interinos con informe ya tenían el máximo de puntuación en la segunda parte del proceso de selección. Y al no ser éste eliminatorio –ahora sí lo es– se ha dado el caso de que aspirantes a docentes con un tres sobre diez en la prueba teórica consiguieron una plaza como funcionarios debido al mencionado informe y al cómputo del tiempo de servicio.

Andalucía, al igual que otras comunidades, se subió al carro de las oposiciones con informe que sirvieron para estabilizar las plantillas de interinos –justo lo que se pretende ahora– pero dejaron en la cuneta a miles de candidatos con excelentes notas que no pudieron franquear un proceso cerrado.

El caso llegó a los tribunales. La Sala Tercera del Tribunal Supremo emitió una sentencia con fecha de 17 de julio de 2013 en la que desestimó el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y anuló el polémico apartado del artículo 61 del Real Decreto del Gobierno de Rodríguez Zapatero que libraba a los interinos de tener que defender en igualdad de condiciones una unidad didáctica.

En ese contexto es donde se ancla el recelo de Ciudadanos ante la posible intención de hacer unas oposiciones para meter a los interinos «por la puerta de atrás». Las negociaciones del Gobierno con los sindicatos apuntan a una macro oferta de 250.000 plazas para bajar en los próximos tres años la tasa de interinidad del 20 por ciento actual al entorno del 8 por ciento. Según señaló esta semana el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, en términos absolutos, significaría «que de todos los interinos actuales en toda España pasen a ser fijos más de la mitad». Esta apreciación también tiene matices porque como señalan a este periódico fuentes sindicales actualmente el 70 por ciento de las plazas de educación ya son ocupadas por interinos debido al cómputo del tiempo de servicio en el concurso de oposición.

La tesis está avalada. En las últimas oposiciones a Secundaria, que se celebraron el año pasado, concurrieron 18.482 personas, según datos de la Consejería de Educación. Los interinos obtuvieron el 68 por ciento de estos puestos. Esto es, de 1.674 plazas, un total de 1.139 interinos obtuvieron plaza.

El personal interino tiene reconocido el derecho a que le cuente el tiempo de servicio en un proceso de oposición. Lo que chocaría con los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad e igualdad son unas oposiciones «ad hoc» para este colectivo. En este punto es donde está actualmente el debate tras un anuncio que ha provocado alegría y recelo a partes iguales.