Manuel Sánchez: «Ha sido un año perdido porque nadie ha tomado decisiones»

–El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en un 42,3 por ciento los andaluces que están en riesgo de pobreza, situándose Andalucía como la tercera región más pobre de España después de Ceuta y Murcia. ¿Se puede hablar de emergencia social?

–Llevamos ya tres años viviendo una emergencia social. Las organizaciones sociales se han convertido en un muro de contención para salvar a las personas. Mientras todas las administraciones han reducido drásticamente las convocatorias de ayudas y recursos en esta época de crisis, el sector ha triplicado los ingresos a través de donaciones de particulares. De alguna manera, ese muro de contención que se levantó se está fraccionando ya porque las organizaciones sociales han tocado fondo. Nos estamos encontrando con los impagos de las administraciones. No sólo es que dan menos dinero, sino que no pagan. La Junta debe casi cien millones al sector. Las primeras deudas se remontan a 2009. Tenemos una situación de ahogo.

–¿Este panorama repercute directamente en la atención que se ofrece a las personas?

–Hay entidades que han desaparecido porque no pueden hacer frente al pago de la Seguridad Social. Que desaparezca una asociación implica un debilitamiento del sector. Se cierra un espacio y lo difícil es volver a abrir. Si una entidad dedicada a la atención psicológica desaparece, deja sin terapias a un grupo importante de jóvenes, niños o ancianos. El objetivo del Tercer Sector son las personas. Si no podemos hacer nuestro trabajo, la sociedad civil es la que sale perjudicada, y sobre todo los más necesitados.

–El paro es uno de los primeros causantes de esta situación. Andalucía tiene una tasa de desempleo del 31,73 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2015. ¿Se trata ya de un problema estructural?

–El sector se niega a reconocer ese fracaso en las políticas de empleo. Creo que hay que seguir trabajando porque la dignificación de la persona se consigue a través del empleo. Nosotros presentamos a los partidos un decálogo de propuestas en estas tres campañas electorales que hemos pasado. Ha sido un año totalmente perdido porque nadie ha tomado decisiones. No ha salido ni la convocatoria de servicios sociales de la Junta. Pero no nos resignamos a sacrificar a un grupo importante de ciudadanos. En ese decálogo proponíamos reducir la tasa de paro un 15 por ciento en un año. No sólo no nos acercamos, sino que nos estamos alejando de esos objetivos de reducir la pobreza. Y ésta sin empleo es muy difícil combatirla.

–Los perfiles de la exclusión han ido cambiando con la crisis. ¿Cómo son los nuevos pobres?

–Ahora tenemos una clase media empobrecida que no puede hacer frente al pago de la hipoteca, que acaba con las prestaciones por desempleo y la ayuda familiar y se ve abocada a vivir en la calle. Estas personas recaen sobre sus familiares. Los abuelos son los que verdaderamente están soportando el peso de la crisis. Antes del inicio de la crisis las personas mayores estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. En estos últimos estudios que hemos hecho están fuera. No es que los ancianos cobren más, sino que se ha empobrecido tanto la clase media que el que tiene una paga, por muy pequeña que sea, está mejor que otros que no tienen nada. Antes se decía «pobrecito el mileurista». Hoy se ofrecen mil euros a profesionales cualificados, y menos incluso. Hay casos de trabajadores que, incluso con un empleo, son pobres. Por ejemplo, educadores sociales, trabajadores sociales o médicos con un sueldo de 600 u 800 euros. También aflora con más fuerza la pobreza energética. La clase media es la que ha mantenido a este país, y en estos momentos se está desmantelando.

–Tras ocho años de crisis, ¿ve síntomas de recuperación?

–Con motivo de las campañas electorales pusimos en marcha una iniciativa en las redes sociales que se llamaba «Yo también soy pobre». Hicimos un estudio en enero de 2015 para ver cómo iban evolucionando los datos del paro para hacer los correspondientes decálogos. Cuando hicimos el primer contacto con los políticos, los datos habían aumentado. De febrero a octubre todo empeoró, con lo cual difícilmente podemos ver que haya una mejoría hacia las personas. Hacia los mercados financieros y la macroeconomía sí. Nosotros hemos pedido un plan de choque contra la pobreza, de rescate a las personas igual que se rescata a las entidades financieras.

–¿Las ONG están llegando en estos momentos a donde no llegan las administraciones?

–Hay una parte a donde la administración no va a llegar, por mucho que ponga recursos. Las organizaciones sociales empatizan, están más a pie de calle y son más ágiles a la hora de dar respuesta. Sin embargo, eso no significa que los servicios no los tenga que ofrecer la administración. Las competencias son suyas. Si se retira de sus obligaciones y «echa el muerto» al sector, eso no vale. Cada uno tiene que asumir sus competencias y obligaciones y, a partir de ahí, vamos a trabajar conjuntamente. La sociedad civil demanda cada vez más participación. No solamente a la hora de desarrollar un proyecto, sino que queremos estar presentes en la elaboración de las leyes. Queremos ser unos agentes sociales más reconocidos. Hoy los sindicatos y los empresarios, con la administración, integran la concertación social. Ese modelo corresponde a una época en la que salíamos de una dictadura y los movimientos sociales estaban relacionados con la Iglesia Católica o con los partidos de izquierda que estaban en la clandestinidad. Hoy en día la sociedad civil está organizada fuera de siglas políticas. También pensamos que los servicios sociales los tienen que compartir las autonomías y el Estado.

–Varios partidos han planteado la articulación de una Renta Básica Universal. ¿Cree que se podrá materializar?

–La Renta Básica es necesaria para dignificar a la persona, para que no tenga que ir pidiendo de un sitio a otro. El PSOE lo llevó en su programa a nivel estatal. Paradójicamente, en Andalucía el PSOE tumbó en la Mesa del Parlamento una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre renta básica en la que estaban presentes todos los agentes sociales. No nos dieron la oportunidad ni de que se debatiera.

–Otro dato alarmante: más de la mitad de los niños andaluces está en riesgo de exclusión. ¿Cómo está avanzando la alianza contra la pobreza infantil que impulsó la Junta en junio?

–Tuvimos una primera reunión y no nos hemos vuelto a reunir. Paralelamente, y antes incluso, organizaciones como Save the children, Educo, Unicef y Red de lucha contra la pobreza ya montamos una alianza propia porque creemos que es grave el problema. Si desde pequeño ya estás excluido, difícilmente vamos a tener ciudadanos de pleno derecho. Estamos en cifras tercermundistas y eso hay que solucionarlo. No sólo hay que trabajar con los niños. No hay niños ricos en familias pobres. Estos datos podían haber sido mucho peores sin la intervención de las organizaciones sociales y las entidades privadas.

–¿Está satisfecho con las partidas destinadas en el presupuesto autonómico a políticas sociales? Reclamó que un 5 por ciento del mismo se destinara a este fin.

–Decíamos un 5 por ciento extraordinario. No nos vale que se cojan las cifras de lo que se invierte en dependencia o en ayudas no contributivas. Pedíamos que el 5 por ciento del presupuesto vaya a un plan de choque contra la pobreza, de nuevo cuño y gestionado por las organizaciones sociales. Esto no se ha reflejado en el presupuesto de la Junta. Le dije a la presidenta que lo tienen fácil porque todos los partidos dijeron que sí. Si todo el mundo está de acuerdo y se refleja así en el presupuesto no debe haber problema, en teoría. Si no se ha materializado es porque se anteponen otros intereses a la lucha contra la pobreza.

–¿Ve en los partidos emergentes interés real por afrontar la delicada situación que atraviesan tantas personas? ¿Hacen un diagnóstico certero de estas carencias?

–Todo el mundo tiene preocupación. Tanto los nuevos como los antiguos. Dinero hay y cada uno lo gasta según cree que debe hacerlo. Tenemos una crisis no tanto económica, sino de valores, del propio sistema. Vamos al «sálvese quien pueda» y a explotar al que no tiene. Aquí había una cultura empresarial que se está perdiendo. Había empresarios con unos trabajadores que eran parte de una familia. Hoy día no.

–A pesar de las dificultades latentes en esta región, ¿Andalucía es una tierra de acogida?

–Andalucía sigue siendo una tierra de acogida. ¿Cómo podemos ir en contra de nuestros propios principios? Andalucía, ante cualquier tipo de situación adversa, ha demostrado siempre que corre en defensa de las personas. Tenemos sanidad universal. Es un derecho y su impacto económico es mínimo. Esa solidaridad que ha aflorado con los refugiados sirios ha sido poco aprovechada por las administraciones. Andalucía puede ser también una tierra de oportunidades, pero hay que invertir. No podemos estar eternamente viviendo del campo o de las ayudas europeas.

–Un informe de Pro Derechos Humanos alerta de las preocupantes condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y de la proliferación de asentamientos chabolistas en torno a los cultivos de la fresa en Huelva. ¿Cómo se aborda la integración de la población extranjera?

–Los CIE, en realidad, son cárceles encubiertas. Han sido muchas las denuncias sobre violación de los derechos humanos y privación de la libertad de las personas. Las organizaciones dedicadas a los inmigrantes llevan pidiendo desde hace tiempo que desaparezcan. Hoy en día ya no tienen sentido, y lo dice la propia Defensora del Pueblo. El tema es grave y se debe atajar de una vez por todas. El problema de los asentamientos, tanto en Huelva como en Almería y también verticales en las ciudades, hay que trabajarlo. Nunca se ha trabajado. En Madrid hay unos campamentos con un grupo de intervención especial y se trabaja con las personas en varias fases. En Huelva hay albergues, pero abren temporadas muy cortas. ¿Por qué no se alarga la apertura? Hay que facilitar albergues para que esa mano de obra, con demanda, continúe. Los empresarios deberían destinar una parte de los beneficios a crear un sistema habitacional digno.