Marbella se regirá por el PGOU de 1986 de forma transitoria

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella han decidido implementar de forma «transitoria e inmediata» el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 para evitar un bloqueo urbanístico, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula de pleno derecho la revisión del plan aprobado en 2010, hasta que se elabore y apruebe el futuro documento.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, anunció que la norma pretende garantizar «inmediatamente» las inversiones en el municipio, así como el «día a día» de la ordenación del territorio.

Tras reunirse en la localidad costasoleña con el regidor marbellí, José Bernal, Fiscal incidió en que el gobierno andaluz trabajará «al lado» del Consistorio con el que materializará «decisiones conjuntas y compartidas, al unísono».

«Es una prioridad para la Consejería», subrayó el dirigente andaluz al afirmar que «no estamos hablando de un municipio más, sino de Marbella y de algo que pueda ser un ejemplo».

Por su parte Bernal defendió la necesidad de «salvar desde la prudencia» el mayor número de inversiones posibles hasta que el Consistorio apruebe un PGOU que posibilite «la solución de una vez por todas después de 30 años de incertidumbre». En este punto quiso dejar claro que «esto no quiere decir que la ciudad retroceda» al PGOU del 86 «sino que estamos en las mismas circunstancias que en el 2010».

Representantes de ambas administraciones han constituido un grupo de trabajo para analizar el contenido de la sentencia del Supremo y formular la solución transitoria, que estará coordinada por la concejal responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento marbellí, Isabel Pérez, y por el secretario general técnico de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rafael Márquez.

El ayuntamiento ha dispuesto igualmente un calendario de trabajo que pasa por llevar a cabo reuniones con colectivos empresariales, expertos en materia de urbanismo, redactores de planes generales y promotores.

Además, se creará una oficina de atención a los inversores para dar respuesta a las dudas que pueda ocasionar la controversia legal que planea sobre el urbanismo a partir de la decisión del alto tribunal.

El PP asegura estar «actuando en todo momento desde la lealtad institucional, con un espíritu de colaboración y de participación, como no puede ser de otra manera». La anulación del PGOU por parte del Tribunal Supremo ha creado una «situación jurídica complicada y compleja», aseguró el parlamentario y también concejal popular en Marbella, Félix Romero, apuntando que «nosotros vamos a estar en la búsqueda de soluciones factibles para todos los afectados».

Romero ha pedido también, tanto al Ayuntamiento como a la Consejería, “información permanente sobre la hoja de ruta que se va a llevar en ambas administraciones” y ha insistido en la necesidad de “buscar soluciones a corto plazo para dar tranquilidad a las miles de familias afectadas por la anulación del Plan General de Marbella”.