Marinaleda le pagará la defensa legal a Sánchez Gordillo

El alcalde elevó una propuesta que su grupo aprobó en el Pleno en la que defendía que era una «obligación» legal y moral del Ayuntamiento

A veces hay logros que mostrar y otras circunstancias que aprovechar. El Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) correrá con los gastos de defensa del alcalde desde 1979, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en un proceso judicial armado por el juzgado de Instrucción número 2 de Estepa (Sevilla) en el que aquél se vio envuelto por la gestión de fondos ligados al antiguo Plan de Empleo Rural (PER) y actual Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

El icónico regidor y dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llevó a un Pleno municipal, que se celebró a las 20:00 horas del pasado 7 de abril, una propuesta en la que se aludía a una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de febrero de 2002 para defender que los cargos locales tienen derecho a ser indemnizados con un fin: cubrir los costes de representación en juicios en los que estuvieran implicados si fueran encausados por actuaciones «derivadas del ejercicio de sus funciones» y siempre que se cumplan una serie de requisitos. Se argumentaba en ese nido de aseveraciones de dos páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que al haberse archivado las actuaciones que se iniciaron contra Sánchez Gordillo y no haberse producido nunca la apertura de juicio oral, «concurren todos los supuestos reseñados» por el Supremo para que le paguen los abogados. Es más, en el escrito, firmando por el propio alcalde, se afirma que la asunción de los mencionados costes de defensa no es sólo una «obligación» legal del Ayuntamiento, sino también «moral», ya que «se trata de actos realizados en el ejercicio del cargo en los que se ha demostrado que no ha existido ninguna responsabilidad penal». «Se debe tomar en consideración –se añade en la propuesta– que, en caso contrario, si los alcaldes y demás miembros de las corporaciones, especialmente las de los pueblos pequeños, hubieran de hacer frente a dichos gastos ocasionados en el ejercicio de sus funciones y legítimos (como se ha demostrado en el presente), cuando no perciben ninguna retribución por parte del Ayuntamiento bastarían unas pocas querellas para obligarles a abandonar los cargos que ostentan». Desde esa argumentación, se elevó al Pleno la petición de que el Consistorio sufragara los gastos de representación y defensa de Sánchez Gordillo en el proceso armado por el juzgado de Estepa. ¿Cómo? «Reconociendo» la factura emitida por un despacho de abogados penalistas sevillano de un importe de 3.630 euros para que sea soportada «con cargo al presupuesto del presente ejercicio». Solicitud a la que se dio luz verde gracias a los votos del grupo municipal de IULV-CA y pese a la negativa del PSOE, el único partido de la oposición y minoritario. Su portavoz, Mariano Pradas, explicó a este diario el «no» de los suyos: «No tiene por qué salir de las arcas municipales ese dinero porque se ha gestionado mal, como prueban condenas al Consistorio». «Respetamos la decisión judicial, aunque vemos cierta contradicción», matiza, para insistir en que «el pueblo no debe pagar lo que se ha hecho mal, como la distribución de los fondos del PER».