Más de 550.000 andaluces menores de 35 ni estudian ni trabajan

El abandono escolar temprano alcanzó el año pasado un mínimo histórico en Andalucía hasta situarse en el 24,9%. Una buena noticia que contrasta con la tasa de desempleo juvenil más alta de España, por encima del 60 por ciento. Este último dato es la causa principal de que más de la cuarta parte de los jóvenes andaluces pertenezca a la llamada «generación ni-ni»: ni estudian ni trabajan.

Son cada vez más los que acaban la segunda etapa de formación Secundaria, según las conclusiones de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA), cuya actualización de 2015 acaba de publicarse. La tasa de abandono se ha reducido trece puntos desde 2005, cuando era del 38%. Sin embargo, la propia EPA revela que los jóvenes menores de 35 que no tienen ocupación alguna se han incrementado hasta representar el 28,8%. Esto supone que 557.000 andaluces permanecen en un limbo que no les permite avanzar socialmente. «Hay autores que ya prolongan la adolescencia tardía hasta los 30 años porque no hay acceso al mercado laboral, los jóvenes siguen viviendo con sus padres y no adoptan la autonomía para salir de ese período. Las circunstancias sociales están modificando esas pautas evolutivas», asegura David Moreno, responsable del área de Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Las circunstancias en Andalucía no han hecho si no empeorar en los últimos años: del 20,4% que sufrían en 2005 esta situación se han saltado ocho puntos, lo que en números supone alrededor de 162.000 personas más. «Eso va a suponer que la economía tendrá que soportar a un grueso de personas a las que hay que atender pero que además no aportan al sostenimiento del sistema», señala este experto. No obstante, reparte la responsabilidad entre los propios jóvenes, las familias, la sociedad y el sistema político. «Todo lo que ocurre es consecuencia de cosas que no se están haciendo bien desde la base, empezando por un Pacto de Estado en Educación», defiende.

Una de las consecuencias de esta falta de futuro, avanza, serán las dificultades en la convivencia derivadas de las carencias económicas. «Si no se pueden obtener ingresos para cubrir unos mínimos para sobrevivir, puede derivar en que se busquen formas ilícitas de lograr ese dinero», lamenta. En total, son casi dos millones de jóvenes –1.936.000, según el último informe del Observatorio de Emancipación– los que se enfrentan a una realidad que no ofrece oportunidades, como demuestran hechos como la reducción de becas y ayudas al estudio –«hay quien quiere estudiar y no puede», apunta Moreno y de hecho las universidades cuentan este curso con 16.000 alumnos menos– y la falta de expectativas laborales –con una tasa de paro que ha llegado a picos por encima del 60 por ciento y con solo dos de cada diez jóvenes con trabajo y casa. «La desmotivación es muy grande. Si se piensa que por mucho que uno estudie o se esfuerce no va a encontrar trabajo, llega un momento que abandonas», lamenta.

Moreno es integrante del Grupo Lisis de investigación adolescente y considera preciso analizar las estadísticas conociendo la realidad social de los afectados. En este sentido, lamenta que su trabajo para ampliar conocimientos con estudios de campo se ve mermado por falta de medios. «La igualdad de oportunidades es cada vez más difícil. Estas cifras son sobre todo producto de la gran desigualdad que existe actualmente. Hay que contribuir más a que las familias de alguna manera puedan darles esa educación a sus hijos, aportar más recursos porque lo que está ocurriendo va a tener muchas repercusiones», dice. Solo en la franja de menores de 25, en enero había casi cien mil desempleados. «En la propia Universidad se percibe ese pesimismo. Los alumnos llegan al primer curso con ilusión y conforme avanzan muchos se encuentran deprimidos ante lo que les espera».

El Plan de Empleo Joven de la Junta aprobado en 2014 preveía invertir 200 millones para crear 25.000 puestos de trabajo directos, que suponían el 10% de los parados menores de 30 en ese momento, con un máximo de seis meses. Las últimas medidas anunciadas se dirigen a los mayores de 25 y de 30 en determinados casos, ya que estos últimos habían quedado fuera de las convocatorias precedentes, con incentivos para contratación o becas. En esta convocatoria, los mayores de 30 solo pueden acceder a contratos de entre 3 y 9 meses.