Medio Ambiente
Más de un tercio de las depuradoras de la comunidad incumplen la legalidad
De las 319 existentes, 109 no se adecuaron en 2015 a lo fijado en el real decreto que regula el tratamiento de aguas residuales, según desvela Ecologistas en Acción.
Depuradora: «Aparato o instalación para depurar o limpiar algo, especialmente las aguas», define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). Existen 319 repartidas por el mapa andaluz y Ecologistas en Acción «sospechaba» que no todas «funcionan correctamente», por lo que hizo de ellas uno de sus caballos de batalla y ha demandado en múltiples ocasiones al Gobierno autonómico información sobre esas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) referentes a los ejercicios 2014 y 2015. Con un retraso admitido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio les ha proporcionado ahora lo solicitado y de los datos analíticos de las EDAR correspondientes al pasado año se desprende una conclusión: más de un tercio de las 319 de la región incumplió la legalidad.
La Junta lleva a cabo muestreos periódicos en los puntos de limpieza de líquidos residuales urbanos de más de 2.000 habitantes ubicados en las ocho provincias con un fin: evaluar el cumplimiento del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolló el anterior Real Decreto 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de estas aguas a purificar. El coordinador de esta materia en Ecologistas en Acción Andalucía, Antonio Amarillo, ha analizado el resultado de la documentación trasladada por Medio Ambiente y asevera a LA RAZÓN que de las 38 de esas depuradoras situadas en Almería, 22 (el 57,89%) se atienen a lo marcado por el Real Decreto, frente a 16 (42,10%) que no lo hacen. De las 50 con las que cuenta Cádiz, 27 sí (54%) y 22 no (44%). De las 36 colocadas en Córdoba, 27 cumplen la legalidad (75%) y seis no (16,66%). Por lo que respecta a las 32 que salpican Granada, se adecuan a la norma 17 (53,12%), pero no lo hacen 15 (46,87); y en Huelva, donde se contabilizan 43 de esas EDAR, son 23 (53,48%) y 19 (44,18%). En el caso de Jaén la proporción es de 23 «síes» (63,88%) y 11 «noes» (30,55%). En Málaga, por su parte, satisfacen lo fijado por la ley 29 depuradores (67,44%) y no 12 (27,90%). Por último en Sevilla, se repiten las 29 (70,73%) frente a 8 (19,51%). A esas dualidades se suma que la provincia gaditana se anota una depuradora sobre la que no se han recogido un número suficiente de muestras por motivos que Ecologistas desconoce. En Córdoba éstas se elevan a tres, en Huelva hay otra, dos más en Jaén y Málaga y cuatro en Sevilla. Por tanto, de las 319 y sin contar esas trece, 197 cumplen lo marcado por el mencionado Real Decreto y 109 no lo hacen, lo que supone el 34,16% del global.
¿Dónde están las EDAR que cargan con el mismo pecado original: su mejorable funcionamiento? En Almería se encuentran en los ámbitos municipales de Abla, Cabo de Gata, Canjayar, Cantoria, Carboneras, Chirivel, Cuevas de Almanzora, Fiñana, María, Níar (El Viso-Campohermoso-San Isido), Purchena, Serón, Torbas, Tabernas, Velez-Blanco y Zurgena, a la luz de la información facilitada por la Junta. En Cádiz están en Algodonales, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup, Chiclana (El Torno), Espera, Facinas, Grazalema, Sanlúcar de Barrameda, La Barrosa, Las Galeras, Los Barrios, Olvera Sur, Paterna de Rivera, Puerto Real (Trocadero), Roche, San Enrique de Guadiaro, San Roque, Setenil de las Bodegas, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villamartín. Los puntos conflictivos a señalar en Córdoba pasan por Añora, Baena, Cardeña, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco; y en Granada: Banalúa de las Villas, Caniles, Castillejar, Cortés de Baza, Cuevas del Campo, Granada (Los Vados), Guadix, Guéjar-Sierra, Huéscar, Huétor Santillán, Malaha, Montejícar, Orce, Ugíjar y la Urbanización Pradollano de Monachil. En Huelva, Ecologistas apunta a Aroche, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cala, Condado de Huelva (Almonte-Rociana), Condado de Huelva II (en el entorno del espacio protegido de Doñana), Encinasola, Gibraleón, Isla Cristina, La Antilla, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Mazagón, Moguer, Niebla, Palos, Rosal de la Frontera, Villalba del Alcor y Villarrasa.
El listado relativo a Jaén incluye a Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Bedmar y Garciez, Cambil, Carchelejo, Chilluevar, Pegalajar, Pozo Alcón, Santiago de la Espada, Santo Tomé y Siles; y el de Málaga a Antequera, Archidona, Ardales, Casares, Cuevas de San Marcos, Estepona, Gaucín, Istán, Periana, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción y Yunquera.
Arahal, Castilblanco de los Arroyos, El Copero (Sevilla), Isla Mayor, Morón de la Frontera, La Puebla de los Infantes, San Jerónimo (Sevilla) y Tablada (Sevilla), son los relativos a esta última provincia. Desgranada la información, Amarillo aboga por que se aplique lo que establece la ley en una materia tan «sensible» como la depuración de aguas. «Si queremos cumplir con las exigencias comunitarias de consecución del buen estado ecológico de nuestros ríos –avisa–, es imprescindible corregir los problemas de depuración detectados en las analíticas, de lo contrario, nos arriesgamos a ser sancionados duramente».
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