Más salario social y menos contratos para familias sin recursos

«Yo no quiero dinero de nadie, lo que quiero es trabajar». Quien habla así es una mujer, marroquí de origen, residente en Andalucía desde hace treinta años y perceptora del salario social hasta este mes. Tiene marido y tres hijos menores, los dos mayores ya están independizados. Desde hace tres años en su familia no entran ingresos de forma regular. Los dos trabajaron tres meses el año pasado contratados por el Ayuntamiento de Sevilla. Como ellos, casi 26.451 andaluces se beneficiaron en 2015 del Programa extraordinario de ayuda a la contratación en Andalucía (Peaca). Se trata de una asignación económica a los municipios destinada a la contratación de desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y que no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud, siempre que pertenezcan a una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Los contratos oscilan entre 15 días y tres meses. Un año antes, cuando se inició el programa, se beneficiaron casi 26.000 personas. Sin embargo, los contratos duran ahora menos tiempo: es decir, la ayuda llegó a más personas pero fue de menor cuantía, según recogen los Presupuestos de la Junta de los ejercicios 2016 y 2017. En su primer ejercicio activo, el 2013, este plan permitió contratar a 25.832 personas, sumando 1,2 millones de días de trabajo, al igual que en 2014. En 2015, esas jornadas laborales se redujeron en 55.600 días. El salario social es la otra ayuda que reciben las familias sin ingresos para afrontar su situación. «El problema es que no es suficiente. Tengo tres hijos y me dan 190 euros, es poco, pero mejor que nada», relata resignada esta madre. Ellos resisten con el apoyo puntual de familiares y la aportación de ONG como Save the Children o alimentos que les dan en la iglesia de su barrio. La hipoteca, la luz y el agua se quedan este mes, como otros tantos, sin pagar. «Debo 600 euros de luz y cien euros de agua... pago cuando puedo», admite. Su primo saldó la deuda del año pasado, cuando estuvieron a punto de ser desahuciados. Sus hermanos le mandan dinero cuando sus economías se lo permiten. Este mes será el último que reciba el salario de la Junta. Para volver a solicitarlo deberán transcurrir doce meses. «Este país me ha ayudado mucho, pero estoy pensando vender mi casa y largarme de aquí porque no puedo más. Con un trabajo para mi marido o para mí tiraríamos para adelante», asegura. «Me llamaron de Andalucía Orienta para hacer un curso de nueve meses, pero no sé leer ni escribir. Lo que necesito es comida y trabajar ya, no un curso», insiste.

El informe de Save the Children «Desheredados» sobre desigualdad infantil y políticas públicas de inserción resalta en este sentido que precisamente los padres con menores a cargo suponen el 17% de los parados de larga duración, acumulando más de un año sin trabajo. Según este análisis, dos de cada tres niños andaluces se benefician indirectamente de algún tipo de prestación social, algo que no contribuye sin embargo a que salgan de la situación de exclusión.

Desde la ONG llaman la atención sobre el hecho de que desde el Gobierno central se articulen medidas de protección social de carácter contributivo, excluyendo de facto a las familias que no tienen empleo. Critica asimismo que el ingreso mínimo de solidaridad, el salario social, «dependa de la disponibilidad presupuestaria de la Junta y esté muy limitado temporalmente».

El Defensor del Pueblo ha recibido decenas de quejas por parte de afectados por los retrasos en el pago del salario social, especialmente en Sevilla y Cádiz, agravando la situación de los afectados. Teóricamente, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales debe contestar en dos meses las solicitudes. En la práctica, esa respuesta se demora meses, llegando incluso a acumular un año de retraso en 2014, cuando se produjo una avalancha de peticiones. Entonces, quedaron sin resolver el 61% de las solicitudes. Al año siguiente, se dio respuesta a casi 24.000 más de las presentadas, debido al enorme atasco acumulado de los ejercicios previos. El año pasado se comunicaron cerca de 57.000. Entre 2013 y 2015 se presentaron 186.000 peticiones para recibir el salario social, por lo que quedarían pendientes más de (155.319) treinta mil, sin contabilizar las incorporadas durante 2016, que se mantendrían en lista de espera.

Save the Children identifica la escasez de personal de los Servicios Sociales como clave para entender ese «atasco» en la tramitación de las prestaciones. En su informe recomienda por ello «fortalecer con recursos humanos y presupuestarios los servicios de atención familiar». Las colas son habituales en las sedes para solicitar una cita previa con los asistentes sociales, que deben verificar la situación de emergencia social de las familias. «La escasez de personal es un grave obstáculo para que las familias puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, lo que acaba por agravar las situaciones de pobreza y desigualdad», denuncia la ONG. «Tienes que ir muy temprano, a las siete de la mañana y esperar todo el día para que te atiendan. Luego, la trabajadora social puede tardar hasta un mes en venir», explica esta madre marroquí, que reside en el barrio sevillano de Bellavista. En mayo solicitó la el salario social y en octubre recibió el primer pago. La incertidumbre de no saber si te lo concederán cuando estás al límite e slo peor, asegura. Y ella es solo un ejemplo de los miles que hay en Andalucía de familias que subsisten con menos del salario mínimo.