Mayores y discapacitados exigen a la Junta que mantenga sus plazas

La decisión de la Junta de Andalucía de dejar de pagar a partir del mes que viene la reserva de plazas en los centros de personas mayores y con discapacidad como medida de ahorro, así como la modificación de la orden que regula la concertación con estas residencias, ha suscitado ya las primeras protestas en los colectivos afectados por esta iniciativa de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Así, la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) mostró ayer su rechazo a esta medida, ya que «supondría una modificación unilateral de los conciertos y contratos que en este momento tienen suscritos los centros y servicios de atención a personas con discapacidad». Según Feaps, esto «supone cambiar el sistema de financiación previamente establecido, disminuyendo de forma neta la aportación que realiza la Administración autonómica».

La modificación de la orden permitirá a los centros bajar la ratio de residentes autorizados en función de la población, Andalucía cuenta sólo con 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8. Además, no abonará las reserva de las plazas que se queden libres durante más de cuatro días. En opinión de Feaps, se va a dejar sin financiación «un servicio que, pese a que la desocupación sea temporal, ha de seguir prestándose por el centro», además de «suprimir la actualización anual reglamentaria, de los costes de plazas, en función de las modificaciones experimentadas en el índice de precios al consumo del año anterior». En este sentido, defiende la orden vigente del 30 de agosto de 1996 por la que «se ha permitido la contratación y facilitado la colaboración de la Administración andaluza y de nuestras entidades sin ánimo de lucro». Este pronunciamiento de Feaps se produce después de que distintas patronales de residencias de mayores hayan solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden, ya que con ello se «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».

Según explicó a Ep el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación el sector perdería «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando ésta suba volver a contratarlos, nos costaría el collar más que el perro». Asimismo recordó que hay 2.800 plazas libres pese a haber 40.000 solicitudes.

Hay que recordar que la Junta mantiene una deuda con las entidades asociadas a Feaps que se sitúa entre los 35 y 40 millones de euros, según aseguraron recientemente a LA RAZÓN.