«Movimiento especulativo» en torno a la mina de Riotinto

La compañía busca comprador y Ecologistas lo vincula a la falta de permiso ambiental para reiniciar la actividad

Ecologistas en Acción ha hilado para hacer relato. La compañía Atalaya Mining, cuyo principal activo de cobre es la mina de Riotinto, ubicada en Huelva, busca comprador, según trasladaron fuentes bancarias a la agencia Reuters. Para que la ayude a encontrarlo, la minera, con sede en Chipre, contrató al banco canadiense de inversiones Bank of Montreal. El complejo minero onubense, que se reactivó en 2015, ha pasado por varias manos hasta llegar a las de Atalaya Mining, entre ellas las de Emed Tartessus, y este proceso de intento de enajenación se habría iniciado el primer año en el que, en teoría, iba a funcionar a pleno rendimiento.

Atalaya Mining produjo 166.000 toneladas de concentrado de cobre en 2017 y tiene una capitalización de mercado de 327 millones de libras, según recogió la mencionada agencia. El gigante comercial suizo Trafigura y la fundición y refinería china Yanggu Xiangguang Copper son los principales accionistas de la entidad con un 22 por ciento cada uno, seguidos de los fondos de metales de los Estados Unidos Liberty Metals & Mining Holdings y Orion Mine Finance, que tienen un 28 por ciento.

Fuentes de Ecologistas en Acción trasladaron ayer a LA RAZÓN tras conocer la noticia su convicción de que «se trata de un movimiento especulativo» de la compañía, de un paso que se ha dado «ante la certeza de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras la anulación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), necesariamente dictará sentencia invalidando de la misma forma la Resolución minera que permitió el reinicio de la actividad». La organización «verde» confía en que el Alto Tribunal autonómico no tarde ya demasiado en pronunciarse sobre esa resolución que posibilitó que en enero de 2015 el complejo minero volviera a ponerse en marcha. En ese sentido, las fuentes consultadas recuerdan que «la legislación europea, la española y la andaluza no permiten la actividad minera sin autorización ambiental válida», por lo que, esperan, el TSJA, se alineará con Ecologistas en su fallo.