«Muchas personas con opción a un empleo no renuncian al salario social»

María José Sánchez Rubio/ Consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Centrada en sostener «el cuarto pilar del Estado de Bienestar», confía en salvar la enmienda a la totalidad sobre la nueva Ley de Servicios Sociales

–La Ley de Servicios Sociales se presentó como un blindaje de éstos. ¿Cómo ha recibido la enmienda a la totalidad de IU?

–La verdad es que nos hubiera gustado que no la hubiera, pero espero que en el trámite quede resuelto. Lo importante es que es una ley de segunda generación, teníamos una del año 88 y en todos estos años dio solución a una serie de problemas pero no tenía consagrados derechos subjetivos. Sí esta ley, donde aparecen los servicios sociales como un derecho ciudadano.

–En la aprobación de una nueva ley, un punto fundamental es la financiación. En el caso de ésta, recoge que «puede ser que los usuarios de centros y servicios tengan que abonarlos».

–Hay servicios que se van a garantizar con carácter universal para todas las personas que cumplan esos requisitos, como es lógico. No significa que todos los ciudadanos tengan derecho a una residencia, si no la necesitan no tendrán derecho a ella. Si tienes una necesidad vas a tener el derecho. Lo que puede después establecer la diferencia es con lo que puedes contribuir a la financiación de los servicios. Me explico: en materia de residencia, la atención es un sustitutivo de tu propio domicilio. Si no lo tienes, no puedes estar por razones de salud o porque no tienes quién te preste cuidado, hay una aportación que se hace al mantenimiento del servicio que tiene que ver con la pensión que cobres. Eso va a seguir estando. La única diferencia es la garantía de que lo vas a tener cuando lo necesites, no importa la renta que tengas. La garantía es de prestación del servicio.

–Entonces como hasta ahora: habrá quien tenga que pagarlo y quien no.

–Efectivamente. Después hay otros servicios que normalmente a partir de determinada edad no tienes que abonarlos, va a haber un catálogo de prestaciones y servicios garantizados.

–¿Qué incluirán?

–Vamos a ver, la ley lo que garantiza es que tengas derecho al sistema. La gente enseguida quiere saber en qué consiste: en que seas atendido dentro del mapa de recursos sociales por un trabajador social de referencia, que es por poner un símil como el médico de atención primaria. Puedes entrar por el hecho de ser andaluz al sistema y que los profesionales valoren tu situación, hagan un diagnóstico y ofrezcan los servicios.

–Si lo comparamos con la sanidad, ya que la nombraba, es muy distinto: a ella tiene derecho todo el mundo

–Igual que aquí.

–Pero independientemente de tu renta te atienden, aquí se establecen diferencias de trato.

–No, a la entrada no. Eso es muy importante. Vas a tener información, asesoramiento...

–Pero no el servicio.

–Depende del catálogo. Habrá unos garantizados como teleasistencia, ayuda a domicilio, dependencia, los ingresos mínimos, suministros básicos, la emergencia social... serán servicios públicos gratuitos a través de las diputaciones y ayuntamientos. Y otros estarán condicionados por los recursos de cada uno. Después están las prestaciones, unas tendrán carácter universal porque atienden necesidades básicas como la alimentación, la renta para la subsistencia y el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, que también la incluye porque el cuarto pilar del Estado de Bienestar se dice que es esta ley, pero son los servicios sociales.

–Para la renta básica se estableció una mesa de trabajo en la anterior legislatura. ¿Se ha avanzado en ese sentido?

–No se hicieron las conclusiones pero nosotros y los grupos tenemos la información. Estamos trabajando en base a eso y a la vez estamos trabajando en el decreto que regula los ingresos mínimos de solidaridad, lo que se conoce como salario social. Es un tema muy complicado porque ahora mismo estamos haciendo convivir la renta mínima con los planes de empleo –los de la Consejería de Empleo y los que tenemos para las personas con exclusión social–. Lo que queremos es adaptar nuestro decreto a esa convivencia porque hemos detectado que muchas personas que tienen opción a un empleo, como es de pocos meses o unos días, no renuncian al salario social porque son más meses, por decirlo de alguna manera. De forma que pretendemos intentar que cuando los planes de empleo son de la Junta se puedan compaginar.

–¿Cómo se entiende que la propia Junta que gestiona ambos no habilite esa opción?

–Bueno, porque ese tema no se hace de manera automática. La renta mínima de inserción está regulada desde los años ochenta y los planes de empleo son coyunturales ante una situación de paro como la que nos encontramos como consecuencia de la crisis. El año pasado se puso como requisito para acceder al plan precisamente que estas personas reunieran las condiciones que se exigían para el salario. Cuando se les ofertaba, no les interesaba porque era menos tiempo.

–¿La oferta de un trabajo no obliga aceptarlo?

–Cuando es un plan de empleo, no. No es una oferta que te hace el INEM, si no que solicitas participar. Cuando la gente ve las condiciones, pues no participa.

–¿Cuántas personas lo reciben?

–Muchísimos, el año pasado se resolvieron 73.319 solicitudes. De todas formas ha bajado mucho la demanda, un 44,5% respecto en los dos primeros meses del año respecto a 2015.

–Otra Ley en ciernes es la de Juventud.

–Tenemos muchas leyes ahora, pero tanto las leyes como los planes son transversales, no solo afectan a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Tienen que ver con educación, empleo, salud... y hay que cuantificarlo y tienes que pasar todos los controles de presupuesto para tener una garantía de que cuando sale se puede ejecutar, que no es solamente un brindis al sol.

–¿Los planes se evalúan?

–Evaluamos cada plan cuando se termina. La gente se queda con la sensación de que se acaba y todas las medidas se caen y no es así. Vamos a poner una continuidad mientras se elabora el siguiente, siempre y cuando sea necesario. Después tienes que revisar, evaluar y reorientar. Eso lo hemos hecho con todos: el de discapacidad, el de droga y el de infancia. Tenemos toda la evaluación realizada y el grado de cumplimiento y también aquello que hay que corregir. Porque en infancia por ejemplo pusimos un objetivo cuando la realidad era una y cuando ha terminado, la realidad era otra y había necesidades tan básicas como la alimentación.

–Cuando la Junta tiene que hacer planes extraordinarios para que los niños coman algo no va bien...

–Bueno, pero es necesario. El tema es que estábamos hablando de un plan donde se contemplaba una renta de acceso a los servicios elevadísima y de pronto tienes que empezar a bajar porque las personas se encuentran en una situación de precariedad. Nos hemos encontrado con niños y niñas que tenían dificultad para acceder a la alimentación y no hubo más remedio que intervenir.

–A raíz de esa situación, se firmó en junio la Alianza contra la Pobreza infantil. ¿En qué se va a traducir?

–A la alianza se suman no solo las administraciones si no los esfuerzos del resto de interlocutores: asociaciones, empresas, entidades financieras... Cuando salga nuestra convocatoria de ayudas, saldrán las subvenciones específicas en infancia y lo empezaremos a canalizar.

–El año pasado se pasó en blanco en materia de subvenciones para ONGs y para sufragar el funcionamiento de asociaciones.

–Tuvimos una dificultad extraordinaria en 2015. El compromiso que adquirimos fue que en la convocatoria de 2016 encontrarían no solo el Presupuesto, si no la posibilidad de cubrir 2015 y 2016 y así va a ser. Son en torno a 44 millones de euros.

–Los últimos datos del Observatorio de Emancipación revelan que solo dos de cada diez jóvenes andaluces tienen trabajo y pueden emanciparse. El Consejo Andaluz de la Juventud solicita que se incluya por ley que el 1% de presupuesto se destine a políticas concretas de juventud.

–Lo que hacemos desde la Consejería es un tema compensatorio de los déficits. La Ley de Juventud es ambiciosa en cuanto a los objetivos y toca áreas como vivienda, empleo, el ocio incluso, tema de becas... Cuando el Consejo se refiere a ese porcentaje habla de lo que dedique el Gobierno, en general, y el de España. Para nosotros el Consejo es importante vinculado a dos temas: el de la transparencia y el voluntariado. Estamos muy adelantados con el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, que se aprobó de manos de IU en la anterior legislatura. Terminada la fase de alegaciones, ahora estamos trabajando sobre el texto definitivo para llevarlo al Consejo de Gobierno lo antes posible. La presidenta habló de finales de abril, esperemos que sea en esa fecha porque no solo depende de nosotros.

–Piden también que el voluntariado se reconozca como competencia profesional. ¿Es factible?

–A eso están dándole vueltas porque tenemos ahora mismo el IV Plan de Voluntariado y nosotros queremos ser solo un hilo conductor. Si la sociedad civil articulada se sustituye por una acción del Gobierno estamos perdidos.: primero, no hemos entendido nada, y al final el voluntariado pierde el valor. ¿Cómo se puede abordar desde el punto de vista de una acreditación profesional? De alguna manera procuramos cuando hacemos formación certificárselo; a nivel de garantía laboral es más complicado. El problema es que hay muchas personas haciendo un trabajo voluntario porque no tienen opción de hacer uno profesional porque las asociaciones no lo puede pagar.

–Su Consejería asume también la tutela de menores, una labor que acaba cuando se cumple la mayoría de edad. ¿Cómo se afronta esa transición para no dejarlos desamparados de nuevo?

–Hay distintos proyectos de trabajo, algunos en colaboración con universidades. Se empieza a los dieciséis años para que vayan aprendiendo un oficio. Suelen ser «Menas» –menores inmigrantes no acompañados– y los centros van haciéndole un tránsito como una emancipación, incluido el alquiler de vivienda. La verdad es que está funcionando relativamente bien, el año pasado participaron 1.663.

–En 2013 se produjo un cambio en la gestión de las residencias de ancianos, dejando de pagarse las reservas de plazas que no se ocupaban.

–El tiempo de espera que había era amplísimo y eso se redujo con un compromiso: en vez de pagar la reserva con la plaza vacía –estaba gente esperando, las plazas vacías y pagando por ellas–, se acordó con las entidades del sector que íbamos a garantizar una cobertura que está ahora casi en el 95%. Antes no se cubrían las plazas porque costaba más dinero. Eso lo pudimos resolver y ahora se ha sacado una orden de revisión del coste, que también ha tenido alguna polémica pero que finalmente lo hemos sacado razonablemente bien. Todo entra dentro de la reordenación de plazas residenciales. Tenemos actualmente financiadas 23.500.

–¿Por qué cuando se habla de conciliación familiar todo pasa por ampliar horarios escolares?

–Yo llevé la comisión de Conciliación del Congreso de los Diputados y me parece una asignatura pendiente en general todo lo que tiene que ver con la ordenación de horarios, con la conciliación, la ampliación del horario de los chavales, del teletrabajo... Hay locuras. Cuando parece que se estaba ordenando algo, vino la crisis y las mujeres ante esa realidad se aterrorizan y dicen «me voy a quedar como estoy antes de que pierda mi trabajo». Creo sinceramente que el tema de los horarios infantiles tiene que tener un tope, por los niños y por su crianza. A mí me tiene muy preocupada un neomachismo que tiene que ver con las opciones de crianza: muchas chicas jóvenes que están optando por dejar su trabajo, con un riesgo terrible del que no son conscientes. Piensan que no van a tener nunca problemas de relaciones de pareja y entienden que en las opciones de crianza son una unidad y no tienen por qué serlo. El problema es que como no tienes ninguna cobertura por parte de la Administración ni de la Seguridad Social ni de nada, va a haber muchas de ellas que tras ese período tan largo se pueden encontrar con una mano delante y otra detrás, fuera del mercado de trabajo y con los niños.

–Cuando fue consejera de Salud se produjeron los mayores recortes al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS): se redujeron las jornadas al 75% a los trabajadores eventuales y se encadenaban contratos por meses o días.

–Yo llegué en septiembre de 2013. Se habían tenido que adoptar unas medidas, sobre todo cuando se amplió el horario a 37,5 horas y la tasa de reposición se redujo al 10%. La estimación era que casi ocho mil personas tenían que salir. En aquel momento, pensamos que lo más razonable era que a las personas que estructuralmente estaban sustituyendo reducirles las horas al 75% y el sueldo un 25%. Era una solución buena, lo que pasa que la crisis siguió. Se empezó a plantear poner al cien por cien a los estructurales y después se cubrió el resto, más de diez mil trabajadores a los que se ha completado la jornada. Eso no significa que cuando tengas que suplir una baja maternal, una hora de lactancia... hay que contratar a gente para una hora o un día, y eso sigue estando ahí. En aquel momento la opción era o a la calle o así. Al final trabajando están, si hubieran salido del sistema no sé qué estaría pasando ahora.