Ni el Borme es un mito ni Torra va de farol

Avanzado el mes de junio y con la cabeza más puesta en las vacaciones que en la correspondencia, los clientes de La Caixa (CaixaBank) recibieron una carta en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. En la página 3 de las 8 que incluía la misiva, el «mayor banco de España por número de clientes» (así se presentaba) detallaba la actividad y el nombre de las principales empresas del grupo. La mayoría ha movido su domicilio social a la calle Caleruega de Madrid (Caixabank Payments, Caixabank Electronic Money, Caixabank Consumer Finance, Caixabank Equipment Finance y Comercia Global Payments). Otras empresas como la aseguradora VidaCaixa lo trasladó al paseo de Recoletos, CaixaBank Asset Management al paseo de la Castellana y la empresa especializada en microcréditos, Nuevo Micro Bank, mantiene su sede en la calle Aduana de Madrid.

La información que el grupo CaixaBank trasladaba a sus clientes en cumplimiento de Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo sobre el tratamiento de datos personales, facilitaba al cliente interesado comprobar que, efectivamente, CaixaBank había movido su domicilio social fuera de Cataluña para proteger a sus clientes de las consecuencias del fallido golpe de Estado del secesionismo catalán. Los que no recibieron esa carta fueron los miles de antiguos clientes de CaixaBank que habían transferido sus fondos a otras entidades financieras. En cifras, casi 30.000 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos, incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017. Exactamente los clientes retiraron 29.429 millones de euros principalmente de CaixaBank, del Banco de Sabadell (ahora con sede en Alicante) y del Banco Mediolanum (ahora con sede en Valencia, aunque todos los datos de contacto que ofrece hoy día a sus clientes dirigen a la sede en la avenida Diagonal de Barcelona).

Pero la carta enviada a sus clientes por el grupo CaixaBank también informaba de la compañía de comercio electrónico, un negocio absolutamente emergente, Promocaixa, S A.

El 19 de mayo de 2005 Michael Burry, un neurólogo formado en la Universidad de California que había colgado la bata del hospital para convertirse en gestor de fondos de cobertura («hedge funds») compró 60 millones de dólares al Deutsche Bank en un producto oscuro casi arcano denominado «permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura respaldados por hipotecas 'subprime'». La idea básica era pagar por estos seguros una pequeña prima y, si hubiera un número suficiente de prestatarios «subprime» que incumpliese los pagos de sus hipotecas, te hacías rico. Greg Lippman, un operador de bonos respaldados por activos del Deutsche Bank copió la idea de Michael Burry. Ambos estaban convencidos de que los prestatarios de hipotecas «subprime» acabarían incumpliendo masivamente sus pagos lo que derrumbaría los precios de los bonos que se habían emitidos tomando esos préstamos como referencia. Ambos apostaron contra los bonos «subprime» con la diferencia de que Greg Lippman lo estaba haciendo contra los bonos que el Deutsche Bank estaba creando y vendiendo masivamente a sus propios clientes. Aunque a este tipo de operaciones se les llama «operaciones en corto» tuvieron que esperar dieciocho meses (desde mediados de 2005 hasta febrero de 2007) para que los préstamos hipotecarios basura o «subprime» alcanzaran cifras record de impago y sus «seguros contra estos impagos» multiplicasen su valor.

Promocaixa S A –la empresa dedicada al emergente negocio de las compras «on line» del grupo CaixaBank– mantiene su domicilio en Gran Via de Carles III, 105, en Barcelona. La página 8 de la carta de CaixaBank ofrece esta información y el portal einforma.com la confirma actualizada a 28 de agosto de 2018. Unos días antes de actualizarse esta información, el 17 de agosto, el presidente de la Generalidad, Joaquín Torra, en un acto frente a la cárcel de Lledoners advirtió de que lo que había que hacer era «atacar a este Estado español» dando una dura vuelta de tuerca más a un conflicto civil que parece inevitable. Visto desde la óptica de los inversores financieros, muchos pueden estar pensando o actuando «en corto» apostando contra las acciones de las empresas afincadas en Cataluña cuyo negocio se verá afectado por el otoño caliente del que el secesionismo ha advertido. Un secesionismo que no va de farol.

Entre enero y junio de 2018 casi 2.000 empresas confirmaron su salida de Cataluña. En concreto, en la primera mitad del año se fueron 1.886 empresas de las que 1.066 se dirigieron a Madrid –el 56 por ciento– y sólo 126 a Andalucía, según la estadística trimestral del Colegio de Registradores y los datos publicados en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil). Si se me permite la licencia fonética y cineasta, el BORME no es ningún mito ni las amenazas de nuevo golpe secesionista una pose demoscópica.

Michael Burry y otros pocos gestores de fondos que adivinaron la crisis de las hipotecas «subprime» ganaron cada uno decenas de millones de dólares. Lo cuenta perfectamente Michael Lewis en su libro «La gran apuesta», luego llevada exitosamente al cine. Por cierto, Greg Lippman, el operador del Deutsche Bank que apostó contra los bonos de su propio banco cobró 47 millones de dólares en 2007.