No hay recursos «humanos ni técnicos» para el ictus

Los afectados andaluces por ictus no sólo tienen que padecer las consecuencias de esta enfermedad, sino también la «falta de recursos técnicos y humanos» de la sanidad pública. Así lo pone de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de «Fiscalización del Plan Andaluz de Atención al Ictus (2011-2014)», en el que pone el acento también en la «falta de formación específica en los centros de menor nivel de complejidad» y la «deficiente comunicación» entre la asistencia primaria y la especializada.

El informe subraya la importancia de este colectivo y recuerda que las enfermedades cerebrovasculares representaron en 2013, tanto en Andalucía como en el resto de España, la segunda causa de mortalidad. En concreto, en Andalucía murieron 67 personas –60 en España– por cada 100.000 habitantes. El Plan Andaluz de Atención al Ictus fijó la estructura en red para atender esta patología, configurándose tres niveles en función de la complejidad del paciente: equipos de ictus, unidades de ictus y unidad de referencia. Según el informe, el sistema sanitario, cuando finalizó el periodo de vigencia del plan –año 2014– «no llegó a implantar los distintos niveles que estaban previstos». Tan sólo cinco hospitales indicaron que disponían una unidad física destinada específicamente a la atención del ictus en fase aguda «de las 16 recomendables teniendo en cuenta el número de habitantes». En este sentido, el documento alerta de que «la evidencia científica publicada demuestra que los beneficios que se obtienen de un ingreso precoz en una unidad de ictus marcan la diferencia entre la dependencia y la independencia funcional del paciente».

Al contar la comunidad autónoma con cuatro unidades de referencia –los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Virgen de las Nieves y Reina Sofía–, «no se ofrece una respuesta eficaz ni efectiva a esta patología fuera del horario habitual de mañana, festivos ni fines de semana».

Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud establecen programas concretos para la prevención del ictus, la Cámara de Cuentas subraya que «la descoordinación y falta de sistemas de información adecuados no permiten una estrategia de actuación conjunta de los distintos niveles de atención sanitaria», por lo que «no se cumple el objetivo de continuidad asistencial entre la atención primaria y la especializada».

Otra debilidad que subraya el informe es la ausencia de un análisis del coste/eficiencia de las inversiones necesarias, por lo que no se puede «evaluar el desarrollo de la red asistencial definida en el plan» ni la dotación de recursos en los hospitales. En este punto, la Cámara de Cuentas calcula que el tratamiento de un paciente en una unidad de ictus ronda los 9.472 euros y los costes de hospitalización ascienden a 5.372.

Asistencia completa

El ente fiscalizador, en este sentido, insta a la Consejería de Salud a poner en marcha la red asistencial configurada en el plan, con el objetivo de «garantizar el acceso a una atención asistencial completa y de calidad y disminuir la mortalidad y el nivel de dependencia del paciente tras el ictus».

Igulamente, reclama «favorecer la comunicación entre los profesionales de la atención hospitalaria y la primaria», a fin de posibilitar el acceso a una historia clínica única.

Por último, recomienda la inclusión de «objetivos motivadores, medibles y alcanzables en el plan», puesto que «resulta importante para las patologías como el ictus la implantación de aplicaciones que permitan el registro de los tiempos».