Núñez abre la tres primeras piezas de los cursos e incluye en una a dos ex consejeros

El juzgado investiga los entramados empresariales ligados a Ojeda, Velázquez Sierra y Pérez González

El «macroproceso» centrado en los cursos de formación financiados por la Junta tiene múltiples escaparates. María Núñez Bolaños, la titular del juzgado que lo instruye, el número 6 de Sevilla, avanza en el diseño de algunos de ellos. Ahora ha incoado las diligencias previas de las tres primeras piezas desgajadas de la matriz, centradas en los entramados empresariales del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, de Rafael Velázquez Sierra y de José María Pérez González. Tres ramas, con dieciséis imputados implicados.

Según explica la jueza en un auto, fechado el 21 de diciembre y al que tuvo acceso LA RAZÓN, en la pieza vinculada a Ojeda se investiga la actividad desarrollada por el Grupo Prescal, que habría recibido por parte de la Consejería de Empleo, con cargo al programa 32D, dentro del dispositivo de ayudas a los ex trabajadores de la multinacional Delphi, «la suma de 33.309.789,16 euros» en concepto de «subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación». Todo ello a través de las «asociaciones controladas» por el ex consejero del Ejecutivo regional–AEA, Humanitas, Innova, y Natura–. Para la magistrada, «existen indicios» de que «buena parte de los fondos percibidos» por la red de entes ligados a Ojeda, en lugar de destinarse a «la realización de cursos» para capacitar a los ex trabajadores de Delphi, «en orden a una posterior contratación», se «simulaban contratos» con ellos. «Existiendo además una contratación irregular –añade Núñez en su resolución–, no con terceros, sino con empresas del propio grupo». Una subcontratación «irregular», a juicio de la instructora, que «se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas, dificultando su seguimiento», lanza. Por estos hechos están en el punto de mira, al margen del ex titular de Hacienda, otras 13 personas, entre las que se encuentra otro ex consejero de la Junta, en este caso de Empleo: Antonio Fernández.

Del mismo día son otros dos autos, con los que la jueza apertura las diligencias relativas a los empresarios Rafael Velázquez Sierra y José María Pérez González. Por lo que respecta al primero, Núñez Bolaños confirma que el juzgado disecciona la gestión «desarrollada por las empresas» relacionadas con él, en todo lo referente a «las subvenciones de cursos de formación y contratación» con cargo a las arcas públicas. La jueza considera que, de lo actuado, el único responsable penal podría ser Velázquez Sierra. Las mismas pesquisas se han llevado a cabo en torno al entramado societario que rodea a Pérez González, único responsable penal señalado por la magistrada también en esta subpieza.

Según apuntan fuentes judiciales a este periódico, las tres resoluciones de incoación de diligencias previas pueden ser recurridas bien en reforma ante el juzgado instructor, o bien ante la Audiencia Provincial de Sevilla, vía un recurso de apelación.