Núñez cita a Viera al juzgado de los ERE tras 5 años de investigación

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera ya tiene fecha para declarar en calidad de investigado en el ámbito de la «macrocausa» que sobre los ERE fraudulentos arma el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Su titular, María Núñez Bolaños, lo ha citado a las 12:00 horas del 10 de febrero en relación con el «presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía mediante su entrega a Egmasa –actual Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía– para la financiación de su plan de prejubilaciones» de 2003, justificado en la necesidad de renovar la plantilla de la empresa dada su incapacidad física para llevar a cabo la labores propias del Plan Infoca por su avanzada edad.

Viera ya había comparecido en abril de 2015 en el Tribunal Supremo (TS), órgano hasta el que llegó el caso porque había aforados nacionales implicados en él como el propio ex consejero, pero será la primera vez que acuda al juzgado sevillano que arrancó el «macroproceso» hace cinco años, tras perder la protección del fuero al dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Y no ha sido el único en ser convocado.

En su auto, en el que recuerda que el ERE de Egmasa afectó a 373 trabajadores y el importe total concedido por el Gobierno andaluz para subvencionarlo fue de «al menos 21.673.680,62 euros», Núñez llama a declarar los días 2, 10 y 11 de febrero, a otras 14 personas también como investigados –diez de ellas, con Viera, ya habían sido imputados antes– y a otras dos como testigos. Entre los primeros se encuentra otro ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, y tres ex directores generales de ese área: Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. A ellos hay que enlazar al director general de la agencia IDEA, ente que ejerció de caja pagadora de los fondos públicos, Miguel Ángel Serrano; los ex directivos de Vitalia –una de las principales aseguradas implicadas en las presuntas irregularidades– Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; o el representante sindical Antonio Márquez García, a quien, según consta en el sumario y refresca la jueza, se le incluyó de forma «indebida» en la póliza colectiva y a quien, aún así, el Ejecutivo autonómico pagó una prima de «125.633,41 euros».

En su resolución, fechada el 26 de enero y consultada por LA RAZÓN, Núñez menciona también entre el colectivo de nuevos investigados a los que tomar declaración al sindicalista de CC OO Antonio Perianes, si bien, no lo incluye en la tabla en la que asigna los días a acudir al juzgado.

Bolaños entiende que existen indicios suficientes para acusarlos «de forma provisional» de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Entiende además, y así lo mandata, que se debe dar traslado de las actuaciones a la empresa pública Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como «sucesora universal» de la extinta Egmasa, «en concepto de tercero civil responsable».

Más de 21,6 millones otorgados

En relación a lo abonado por el Ejecutivo regional debido a este ERE ahora en el punto de mira, Núñez matiza que, de los más de 21,6 millones concedidos para sufragar las indemnizaciones por el despido colectivo a través de un plan de rentas, consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta 2010 por IDEA «suman 16.069.391,88 euros, conforme al desglose que se recoge en el informe pericial de la IGAE –Intervención General de la Administración del Estado–». A ello añade la cantidad de 300.000 euros correspondiente a los denominados «pagos cruzados» ordenados a IDEA por los sucesivos directores generales de Trabajo Guerrero, Márquez y Rivera. La instructora apunta que fue el primero de los tres quien en febrero de 2004 suscribió con el entonces director general del antiguo IFA –Instituto de Fomento de Andalucía, el antecesor de IDEA–, Francisco Mencía, un convenio con el que, «con la finalidad de posibilitar la continuidad de Egmasa», se encomendó al ente pagador «la materialización singular de las ayudas sociales concedidas». Con ese fin, la entonces Dirección General de Trabajo, la Junta, se comprometió a transferir al IFA las cantidades desembolsadas para ello, con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado mediáticamente «fondo de reptiles».

«La ayuda se da –sostiene la jueza en su auto– con el conocimiento y consentimiento tanto del entonces consejero de Empleo, –José– Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del IFA», remata.