Núñez ordena a la UCO ampliar el atestado de la Sierra Norte

A la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida sobre el reparto de tareas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, su titular, María Núñez Bolaños, avanza en la instrucción del «caso ERE», pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aboga por que lo continúe su antecesora, Mercedes Alaya.

En ese contexto, de despejar cajones, tramitar y aceptar lo que piden las partes implicadas en la causa, Núñez Bolaños ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, atendiendo a lo solicitado en un escrito de la Junta fechado el pasado 20 de marzo, que amplíe el atestado en el que se analizaban las ayudas públicas con las que se regó la Sierra Norte de Sevilla.

Vía providencia, datada el 13 de julio y consultada por LA RAZÓN, la magistrada quiere que se profundice en el análisis de la subvención concedida a Pema, Jamones y Embutidos SL. En concreto su segundo apartado relativo a «los ‘vínculos que habrían propiciado la consecución de las ayudas’», teniendo en cuenta que «desde 2005 el socio de referencia» en la misma es José Antonio Gordillo Tenor; de que «existen pagos por parte del IFA –instituto que actuó como caja pagadora, luego como agencia IDEA–» desde la mencionada época por «360.000 euros»; y de que Gordillo «administró» la sociedad Planificación, Cooperación y Desarrollo SL, donde, según apuntó en su escrito la Junta, trabajó el ex sindicalista Juan Lanzas, entre el 12 de febrero y el 30 de abril de 2002, «inmediatamente después de desvincularse» de UGT. El Gobierno andaluz recordó también que la sociedad administrada por Gordillo efectuó «pagos» a empresas del entramado ligado a Lanzas. ¿Cuáles? A Servicios Inmediatos de Andalucía, por «86.534,55 euros» en 2001; o a Conexión en reparto SL, por «15.025» en 2002. Al margen del «conseguidor», la instructora ha mandatado a la UCO a que amplíe el mismo atestado en relación a las operaciones registradas en las cuentas de abono de las ayudas a Tialna, Asnadis, El Venero de Móstoles, Posada del Moro, Romero Álvarez, Quesos El Real de la Jara, Dehesa Navera, Megara y Antonio P. Correa.

Pide un informe sobre el enriquecimiento de un imputado

La instructora del «caso ERE», María Núñez Bolaños, ha librado mandamiento a la Guardia Civil para que elabore un «informe específico sobre la situación económica» del ex directivo de Vitalia en Sevilla Jesús María Bordallo y sobre su «posible enriquecimiento patrimonial» entre 2000 y 2010, en el ámbito de la petición del imputado de que se le concedan 1.251,07 euros al mes con cargo a 76.867,72 embargados para hacer frente a su fianza. En un auto del 13 de julio, la magistrada pide también a la UCO que informe de «su situación económica actual» y de «las rentas de la unidad familiar».