Núñez ratifica la fianza de 353.000 euros que Alaya anuló a un ex cargo de CC OO

Las fianzas del «caso ERE» acumulan historias. Su primera instructora, la jueza Mercedes Alaya, acusó al ex dirigente de CC OO-A Juan Antonio Florido de facilitar a Vitalia, una de las aseguradas señaladas en la «macrocausa», información sobre empresas en crisis que obtenía gracias a su cargo, lo que habría proporcionado a la consultora la posibilidad de ofrecer a aquéllas «un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada». A cambio Vitalia le pagó presuntamente 265.015,47 euros a través de cuatro pólizas. La jueza le atribuyó en octubre de 2013 los delitos de malversación y tráfico de influencias y la Fiscalía Anticorrupción solicitó para él entonces una fianza de responsabilidad civil de 353.000 euros, que luego, Alaya concretó en 353.353,96 euros, para anularla en febrero de 2014 al estimar que había que indagar «con mayor profundidad» en los hechos.

Sin embargo, su sucesora al frente del juzgado, María Núñez Bolaños, volvió a imponer a Florido esa carga más de año y medio después, en línea con lo demandado por Anticorrupción. Una cuantía que incluye los 265.015,47 de las cuatro pólizas más el tercio legal correspondiente y que ahora la instructora confirma, rechazando el recurso del ex sindicalista, imputado en la segunda fase de la denominada «operación Heracles» que dirigió Alaya.

El ex secretario de Organización, entre otras áreas, de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO-A alegó que se había producido un error en la aplicación de la norma y que no existían indicios de su supuesta actividad delictiva, para pedir, de forma subsidiaria, la reducción de la fianza civil atribuida. Sin embargo, Núñez replica en un auto, consultado por este periódico, que sus alegaciones «fueron tenidas en cuenta al dictarse» la resolución cuestionada. La defensa de Florido tiró además de una posible vulneración del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su recurso, a lo que la magistrada responde que éste autoriza «la imposición de medidas en esta fase de instrucción», sin que proceda por ello «la minoración subsidiaria solicitada». «Ajustándose la cuantía fijada –matiza– a las cantidades por las cuales podría responder en atención a los hechos que se investigan relacionados con el recurrente y que quedan debidamente justificadas y argumentadas» en el auto en el que fijó la fianza. En esa resolución, la jueza resaltaba, en consonancia con lo sostenido antes por su predecesora, que Florido, mantuvo una «estrecha relación» con Vitalia a través de su responsable en la comunidad, el también encausado Jesús Bordallo, «realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico», en proceso de reestructuración.

Un tercer juez para el órgano judicial de las «macrocausas»

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga «macrocausas» como la de los ERE fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, contará con un tercer juez de refuerzo, Ignacio Villaplana, que se sumará a un órgano judicial cuya titular actual es María Núñez Bolaños, a quien también acompaña ya el magistrado Álvaro Martín. Fuentes judiciales informaron ayer a Ep de que Villaplana, actual juez de adscripción territorial (JAT) en Sevilla, asumirá inicialmente la llevanza de los asuntos ordinarios de este órgano judicial, de la que antes se ocupaba Martín.