Ojeda pide el archivo de la pieza formativa sobre Delphi por falta de «indicios de criminalidad»

Achicar distancia entre los implicados en el «dispositivo Delphi» hasta llegar al carpetazo de todo lo actuado. Esto es lo que pretende el ex consejero Ángel Ojeda, hasta ahora principal encausado en la pieza del «macroproceso» de los cursos de formación que instruye el juzgado sevillano número 6, centrada en la mencionada multinacional que echó el cerrojazo a su factoría de Puerto Real (Cádiz). Si, como adelantó LA RAZÓN, los abogados del PP pidieron hace días a su titular, María Núñez, que ampliara la investigación cosida a Delphi «al total de las subvenciones», más de 105 millones, «concedidas a la formación y a la contratación analizadas en el informe» elaborado por los inspectores de trabajo y seguridad social Roberto Álvarez y Carlos Uruburu; ahora el representante procesal de Ojeda, Juan Carlos Alférez, ha movido ficha. En un escrito elevado al juzgado y consultado por este diario, el letrado tira de lo planteado por el PP para recordar el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de las leyes que recoge la Constitución y solicitar a la instructora que, «dada la inexistencia acreditada de indicios de criminalidad» ni contra las cinco entidades ligadas a su cliente ni contra el resto de entes del informe de Uruburu, se archive la investigación criminal.