Otra salida para el Estrecho camino al infierno

El viaje de un adulto que cruza el Estrecho hacia Europa en busca de futuro acaba en el momento en que la embarcación es interceptada por las autoridades. Hombres y mujeres navegan sin saberlo con billete de ida y vuelta porque su estancia en el continente vecino es poco menos que una utopía.

Cuando quienes emigran jugándose la vida no han cumplido la mayoría de edad, la travesía puede acabar siendo radicalmente distinta. A los menores que viajan sin tutela se les brinda como destino seguro uno de los 270 centros de acogida que hay repartidos por toda Andalucía, donde reciben atención integral y pueden permanecer hasta seis meses.

Consciente de la relevancia de nuestra comunidad como puerta de entrada a Europa desde África, el Defensor del Menor promovió un protocolo especial para que el viaje hacia el infierno que emprenden muchos niños desde su tierra cambie de rumbo en cuanto pisen suelo español.

«Se dan dos situaciones: o vienen en patera solos, y entonces hay un centro de acogida y quedan bajo la tutela de la Junta; o vienen acompañados de adultos que no sabemos quiénes son. Entonces puede ser sujeto de explotación», relata Jesús Maeztu en una entrevista con LA RAZÓN.

«Lo habitual es que si va acompañado, se marcha, a no ser que sospechemos desde el principio y lleguemos a tiempo de esa declaración de riesgo y entonces podemos obligarlos a aclarar la situación». Pese a su veteranía en el campo de la atención a excluidos, a Maeztu el gesto le cambia al referirse a este tema. «Hay mujeres que son violadas e incluso programan ese embarazo para que pasen el pasillo de estancia y salgan a Europa y den a luz. Llegan en unas situaciones tan trágicas... tienen miedo a hablar», lamenta.

Sólo este año, 36 niños subsaharianos han sido objeto de seguimiento ante el temor de que el adulto que los custodia sea integrante de una mafia de trata de personas: un negocio que se calcula mueve 5.000 millones de euros, según el Defensor del Menor. Sobre dos de ellos se emitió un informe de riesgo; sin embargo, un tercero, también en peligro, optó por marcharse con la persona que lo custodiaba. Una decisión ante la que las autoridades no pueden actuar. «En menos de siete días se salió del centro de acogida; en los otros dos hemos declarado situación de riesgo e incluso el adulto se ha marchado», declara con cierta impotencia.

Estos datos no están incluidos en el informe anual que el Maeztu presentará el próximo 4 de diciembre en el Parlamento andaluz. Sin embargo, constituyen su principal preocupación. «Estoy tocado», admite ante una situación que afecta principalmente a niños y mujeres, pero también a hombres. «Hemos hecho un protocolo sobre cómo se detecta y qué tiene que hacer cada uno para que el niño cuando entra en Andalucía no salga con riesgo de explotación laboral, sexual, de mendicidad o incluso de órganos». Colaboran las fiscalías de Menores e Inmigración, el Servicio de Protección de Menores de la Junta, ONGs, sobre todo Cruz Roja, y la Policía. «Ante las dudas hay que estar atentos a que no salga si no tenemos garantía de que lo va a cuidar», sentencia.

Este año, hasta septiembre, 293 embarcaciones con 868 indocumentados fueron interceptadas en aguas del Estrecho.