«Otros lloran ante las cámaras, nosotros en el cementerio»

La familia de las víctimas acusa a la defensa de tratar de variar testimonios

La familia de las víctimas acusa a la defensa de tratar de variar testimonios

«Como atravesar el desierto sin agua». Aníbal Domínguez, hermano de Miguel Ángel Domínguez y tío de la menor de 8 años María, traga saliva antes de describir «cuatro años de amargura». Sus familiares recibieron «más de 150 puñaladas» en el llamado «crimen de Almonte». «Confiamos en el jurado», señala, y piden «justicia» en un caso que remite a Bretón.

Cinco hombres y cuatro mujeres conformarán el tribunal popular que deliberará sobre la culpabilidad de Francisco Javier Medina, único acusado por el doble crimen ocurrido en abril de 2013. El juicio arrancó ayer a las 10:00 en la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, donde el acusado fue recibido entre palmas y ánimos de sus familiares. «Es más fácil renegar de la verdad que del propio ogro», señaló el hermano y tío de las víctimas, quien recuerda a la familia del detenido que «ellos pueden ir a visitarle a la cárcel, mi familia, con unos padres de 70 años a los que les han quitado a su nieta, tiene que ir al cementerio». A los que ignoran las pruebas y tratan de presionar al jurado, indica: «Lloran ante las cámaras, nosotros en el cementerio». Después de «700 interrogatorios» y la «recopilación exhaustiva de pruebas», la UCO determinó que se trataba de «un crimen pasional de celos» y que el único sospechoso era la pareja de la ex mujer de Miguel Ángel. «Se trata de un doble asesinato vil, con cientos de puñaladas a una niña que era puro estado angelical», declara a LA RAZÓN Aníbal Domínguez. La familia recuerda que existen hasta «5 autos» en los que se desestima la libertad del presunto asesino. Domínguez también acusó a la defensa de «intentar que testigos cambiaran de versión en sede judicial». «El informe de toxicología, los restos de ADN – «más del presunto asesino que de las víctimas» en la casa–, dos testigos visuales y dos que escucharon los gritos...» apuntan al enjuiciado. «Quien glorifique a un criminal, allá con su conciencia», concluye. La Fiscalía y la acusación particular piden 50 años de prisión. Hoy declara el acusado.