Presidencia pagó 20,8 millones por subcontratas de gestión en cuatro años

sevilla- Encomienda, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es «la acción y efecto de encomendar», es decir, «encargar a alguien que haga algo», lo que con frecuencia hace el Gobierno andaluz a sus entes instrumentales. Prueba de ello son los datos aportados por la Consejería de Presidencia e Igualdad que dirige Susana Díaz, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por escrito por el diputado del Grupo Popular Rafael Ruiz Canto.

La cuestión, fechada el 17 de diciembre de 2012, fue: «¿Cuál es el importe total del gasto en concepto de encomiendas de gestión efectuadas en cada uno de los ejercicios del periodo comprendido entre 2008 y 2012 hasta la fecha por la Consejería y/o agencia administrativa, con desglose del IVA y el 6% correspondiente en concepto de gastos generales y corporativos –especie de comisión que cobran los entes prestatarios–?». Se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) del 14 de febrero y su respuesta aparece en el número 243 de esta herramienta informativa.

Según los datos aportados por el departamento de Díaz, el gasto en ese concepto de la Consejería desde 2008 a 2012 asciende a 1.263.111,97 euros. Desglosado, en 2008 se gastaron 69.997,45 euros, cuantía que en 2009 se elevó hasta los 114.806,85 y en 2010 a los 405.432,69 euros. En el ejercicio siguiente los encargos de trabajo supusieron un gasto total de 473.679,78 euros y en 2012, 199.195, 20. Todo ello conllevó un IVA de 51.391,83 y unos gastos generales de 41.357,74.

A esto hay que sumar las encomiendas de tareas llevadas a cabo por el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud, adscritos a la Consejería de Díaz. En el caso del primero, el desembolso por este aspecto entre 2008 hasta 2012 ascendió a 6.061.589,25 euros. En el del organismo de la juventud se alzó hasta los 13.499.297,79. El total del gasto motivado por el concepto referido sumó 20.823.999,01.

En cuanto a la «comisión» del 6%, supuso para la Consejería el desembolso de 41.357,74 euros; 214. 223,46 para el Instituto de la Mujer y 753.896,68 para el organismo de la juventud. ¿El global? 1.009.477,88 euros.

Y el caso de la Consejería de Presidencia no es aislado. Este periódico informó recientemente de que el departamento de Fomento y Vivienda –escindida en dos entre 2008 y 2010– gastó en estas encomiendas 1.229 millones también desde 2008 a 2012. Por su parte, Cultura y Deportes y algunos de sus entes instrumentales destinaron a esa finalidad 13.844.984,3 euros.

Cabe recordar, asimismo, que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial de Andalucía (Soprea) cobró más de un millón de euros en 2011 por gestionar los fondos europeos Jeremie y el Fondo de Apoyo Empresarial.

Frente sindical y judicial

Estas «subcontrataciones» de la Junta son el caballo de batalla de organizaciones como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) o CSI-F. El primero ha presentado más de una treintena de recursos contra encomiendas de gestión, «casi todos ganados en sentencia», según aportan fuentes del sindicato, e incluso múltiples querellas. En la misma línea, registraron más de 200 denuncias ante distintas fiscalías en las que se señala la presencia de personal externo «trabajando codo con codo» con los funcionarios, «manejando claves y realizando funciones reservadas a éstos, sin ningún pudor o tapujo», explican. Rosario de iniciativas legales que se ha extendido por todo el mapa andaluz, por las ocho provincias que conforman la comunidad.

Por lo que respecta a CSI-F, sólo en 2012 inició 13 procedimientos judiciales contra encomiendas de gestión del Ejecutivo regional y fuentes de la organización aseguraron a este periódico que llevarán a los tribunales en el futuro todas las que estimen irregulares. De hecho, como consecuencia de acciones de ambos, los juzgados han paralizado algunos encargos de trabajo. ¿Un ejemplo? El freno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a una encomienda de la Consejería de Cultura y Deporte al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Con todo, los sindicatos lamentan que el Ejecutivo autonómico «no ejecute las sentencias». Incluso el socio de gobierno del PSOE, IU, ha abogado por poner coto a estas subcontrataciones. ¿Lo harán?