Profesionales estudian llevar el contrato de equipamiento del Campus de la Salud de Granada a los tribunales

Un grupo de profesionales del nuevo hospital Campus de la Salud de Granada estudia las posibilidades jurídicas de denunciar a la Consejería de Salud por el incumplimiento del contrato de colaboración público-privado adjudicado el 9 de septiembre de 2016 a la empresa Philips Ibérica SA para «la puesta a disposición, renovación y mantenimiento del equipo clínico y general» del nuevo centro hospitalario de la zona sur.

En una reunión mantenida el pasado lunes un grupo de algo más de cuarenta jefes de servicio y facultativos de primera línea del hospital acordaron «por unanimidad» consultar con varios expertos juristas si existe base suficiente para emprender acciones legales e intentar de esta forma paralizar el desvío de equipos al hospital Virgen de las Nieves, como ya avanzaba LA RAZÓN la pasada semana.

Por ahora el cronograma de apertura de Radiología de la nueva área de Rehabilitación y Traumatología del Virgen de las Nieves se va cumpliendo con el inicio del traslado del equipamiento de alta tecnología del Campus de la Salud. En concreto, esta semana ha comenzado el desmontaje de una RMN de 3 Teslas –la herramienta más potente en resonancias en la actualidad–, y mañana sale de agenda del Campus un TAC de 128 cortes, el 15 de marzo un ecógrafo y el 26 de marzo una Sala Biplano de Radiología Intervencionista. Según los profesionales consultados, la descapitalización del Campus de la Salud se elevaría entre coste de los equipos, traslado y adaptación de las nuevas ubicaciones a unos 10 millones de euros, lo que supone más del 15% del importe total del contrato de colaboración público-privada, que asciende a 64 millones.

Este modelo de contrato, pionero en Andalucía, suponía la apuesta por una «actuación global» en el Campus para mantener un nivel de servicios tecnológicamente avanzados en un marco temporal de 8 años. Sólo contemplaba el traslado a otros centros del SAS de los equipos disponibles en el edificio obsoleto del hospital Clínico de San Cecilio. Los nuevos equipamientos son de titularidad de la adjudicataria y el cuadro de ejecución arranca en mayo de 2016 y concluye el mismo mes de 2024. Su principal ventaja radica en su flexibilidad porque el propio hospital, a través de una comisión de seguimiento, puede determinar las necesidades en cada momento. De este modo, si el hospital prescindiese de ciertos servicios, la dotación material deja de ser útil. El valor residual de esos equipos (devueltos a la adjudicataria) pasa a engrosar la disponibilidad económica del contrato, con lo que Philips Ibérica podría dotar otros servicios necesarios en un futuro.

Fuentes hospitalarias señalaron a este diario que no se puede olvidar que el «CPP», como llaman al contrato de colaboración público-privada, es una promesa realizada a los profesionales hace años, cuando la consejería optó por dejar de dotar al Clínico San Cecilio con la excusa de que una vez completado el traslado al nuevo centro se impulsaría su crecimiento y con él la mejora en la atención a la ciudadanía, que debería ser el fin primero y último de la gestión.

La reunión de los facultativos fue más allá del aspecto concreto de este contrato, pues abordó el gran problema que sufre el área sur de Granada: la «asimetría» no sólo en dotación de equipamiento sino en la de personal. Una de las conclusiones que se pudo extraer del encuentro fue que «sigue imperando el miedo». Nadie quiere señalarse por temor a represalias profesionales, pero hay coincidencia en la necesidad de revertir la situación –se sienten desasistidos–. Bajo la nueva configuración, advierten de que el área de Traumatología del Virgen de las Nieves cuenta con 41 traumatólogos para un servicio potencial en el área norte de la provincia del 47% de la población, mientras en el Campus de la Salud son 17, pese a que cubren a un 53% de los granadinos. Bajo esta perspectiva no es extraño que los profesionales contemplen la reordenación como «una operación de castigo».

Esta misma semana ha sido revertida otra conflictiva decisión, como la eliminación del «código infarto», servicio que pasaba a quedar centralizado a partir de las 20:00 horas en el Virgen de las Nieves. Fue tal el revuelo que se formó en el Campus que la gerencia tuvo que advertir de la situación a la viceconsejera, María Isabel Baena, y frenar la decisión.