PSOE e IU impiden que el Decreto contra la exclusión se tramite en el Parlamento

Convalidado con los votos de PSOE e IULV-CA y la abstención del PP. Así quedó en la sesión plenaria del Parlamento de ayer el Decreto-Ley de la Junta de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que según el Ejecutivo de coalición supondrá una inversión de 120 millones adicionales. Cifra que los populares reducen a 72. La encargada de defender la norma, mediáticamente conocida porque incluye el garantizar tres comidas al día a menores, fue la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, quien la definió como una medida «excepcional para una situación excepcional». Duante su intervención Montero calificó el Decreto-Ley de «oportuno y necesario» en una coyuntura de crisis con ciudadanos muy castigados por el paro. De hecho, llegó a pedir a la bancada popular que lo respaldara y que se sumara al Gobierno andaluz en el impulso de un plan nacional contra la exclusión social. «No vamos a consentir que haya personas en Andalucía que no cuenten con el mínimo imprescindible para vivir dignamente», culminó.

Pero nada más comenzar a hablar la diputa Rosario Soto quedó claro que el PP-A no iba a recoger un guante que, según aseveró, «tiene agujeros por todos lados». De hecho, la popular acusó al Gobierno andaluz, «más comunista que social», de acumular un «recorte» de 499,9 millones de euros durante «los años más duros de la crisis» en políticas sociales y de atención a las personas más vulnerables de la comunidad. Y ello mientras, «en una actitud de claro cinismo y de una defensa cobarde de la autonomía», culpaban al Ejecutivo central de la poda.

A juicio de Soto, el Gobierno PSOE-IU se «aprovecha» de «quienes peor lo están pasando» para «hacer demagogia» con el mencionado Decreto-Ley y «ahondar en la confrontación». Al margen del tono, la popular cuestionó el montante de 120 millones anunciado por la Junta, que dejó en «sólo 72» y atribuyó en parte a los tijeretazos en los Presupuestos para 2013 en programas como de familia, menores, zonas de transformación social o de atención a la dependencia.

La portavoz del PP para este asunto llegó a lamentar que PSOE e IU hayan visto «un nicho de votos» en los más necesitados y «ambos compitan» por ser el «padrino» de la norma. En ese punto, Soto ironizó con que los socialistas «son más listillos» y han dejado a IU gestionar «tres millones –en concreto a la Consejería de Diego Valderas– a repartir entre los ayuntamientos». «Migajas que son una ridiculez y una inutilidad», lanzó. En la misma línea, también culpó a «la rama de los socialistas» de haber «politizado» la iniciativa de los comedores escolares. En torno a esa cuestión, la diputada causó cierto revuelo en la Cámara al plantear si los miembros del Gobierno andaluz pretendían «volver a la época franquista» en la que se distinguía en la escuela entre los menores ricos y los becados, si querían «estigmatizar» hoy a los más desfavorecidos «marcándolos como excluidos sociales». Para terminar pidió que la norma se tramitara como proyecto de ley, a lo que se opusieron PSOE e IU, y que se aprueben la renta básica y una Ley de Inclusión Social. Norma esta última que también había reclamado en su turno el diputado por IULV-CA Manuel Baena Cobos.

«Deberíamos empezar a plantear ya la Ley de Inclusión Social –dijo–. Entendemos que son derechos a garantizar y deben de venir en el interior de ésta para que se determine, por ejemplo, cuál será la renta básica aun poniendo que dependerá de la disponibilidad presupuestaria».