«¿Quién controlaba las prescripciones?»: la pregunta que ningún cargo del SAE responde

Hay una pregunta que queda sin respuesta en la ronda de comparecencias de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la comisión de investigación de los cursos de formación. «¿Quién era el responsable de que los expedientes no prescribieran?». Hasta en cinco ocasiones le formuló y le reformuló ayer esta cuestión la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero a la que fuera jefa de servicio de formación para el empleo entre 2006 y 2010 en Sevilla, Carmen Gómez Laguillo. No obtuvo ninguna información concreta, más allá de algunas vaguedades como que eran los técnicos que llevaban el seguimiento de las ayudas los que se encargaban también de la liquidación para que no se produjera la prescripción.

La prescripción es una de las piedras de toque del caso de la formación, del que se ocupan 18 juzgados en toda Andalucía. Los expedientes con irregularidades previos a 2008 caen en terreno baldío, toda vez que ya no habría posibilidad de abrir ningún tipo de apertura de expediente de reintegro, un plazo que caduca a los cuatro años desde la finalización de la justificación de la ayuda. Ni hay cifras concretas del montante que suponen los expedientes prescritos ni siquiera de qué cargo concreto era el encargado de que no se produjera este extremo. Los interventores provinciales y el ex interventor general pusieron la pelota en el tejado del SAE y ahora el SAE dirige la pelota hacia ninguna parte. «Se lo digo coloquialmente, pero aquí todo el mundo escurre el bulto», le reprochó Ruiz Sillero a la ex responsable del SAE de Sevilla.

También comparecieron ayer un jefe de servicio de formación para el empleo de Jaén y una ex jefa de Málaga. Defendieron que actuaron conforme a la ley.