Roca, una década entre rejas

Cerca de 3.700 días han transcurrido desde que el que fuera todopoderoso gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella durante la era del gilismo, Juan Antonio Roca, ingresara en prisión. Fue arrestado tal día como hoy, hace diez años, en una de las lujosas viviendas que poseía, y desde la que acudía a pie a su despacho en las dependencias municipales en las que estaba la sociedad Planeamientos 2000, en la avenida Ricardo Soriano, arteria principal de la ciudad costasoleña.

Roca, a quien se negó un permiso para poder acudir al funeral de su padre apenas una semana después de su encarcelamiento, al igual que ocurriera en 2015 ante el fallecimiento de su octogenaria madre, tan sólo ha disfrutado de libertad en esta década los ocho días transcurridos desde su puesta en libertad el 15 de abril de 2008 bajo fianza de un millón de euros y la orden de reingreso decretada por la Audiencia Nacional por su procesamiento en el «Caso Saqueo», en el que sería condenado a seis años y diez meses de prisión. Pero no son «Malaya» y «Saqueo» las únicas causas por las que acumula condenas y, en estos diez años, ha sido condenado en otros tantos procedimientos como los casos «Minutas», «Belmonsa» o «Urquía», y está siendo juzgado en la actualidad en las causas «Goldfinger» y «Pinillo». Con todo, es la trama de corrupción destapada en torno al Ayuntamiento marbellí y que motivó la disolución del Consistorio y creación de una comisión gestora, la que le ha supuesto la mayor de las condenas: 17 años de prisión. El que fuera asesor de Urbanismo del Gobierno tripartito que presidió Marisol Yagüe tras la moción de censura presentada contra Julián Muñoz en agosto de 2003, debería cumplir el triple de la pena máxima a la que fue condenado, en este caso los siete años por un delito de blanqueo de capitales en el «Caso Malaya».

Considerado el episodio de corrupción de mayor magnitud de España, la investigación fue dirigida por el juez Santiago Torres y desarrollada a lo largo de tres fases en las que se detuvieron a más de un centenar de personas, si bien fueron finalmente 95 los acusados que fueron juzgados. Entre ellos, la cúpula del Gobierno que presidió Marisol Yagüe y tras su arresto el concejal Tomás Reñones, así como empresarios de la construcción y funcionarios públicos.