Segundo diputado del PSOE y cargo orgánico de Díaz vinculado a un caso de corrupción

La Fiscalía pide que se impute a Carmelo Gómez por cobrar fondos públicos de Mercasevilla a través una empresa tapadera de Lanzas

Susana Díaz y Carmelo Gómez, en el Parlamento de Andalucía
Susana Díaz y Carmelo Gómez, en el Parlamento de Andalucía

La Fiscalía pide que se impute a Carmelo Gómez por cobrar fondos públicos de Mercasevilla a través una empresa tapadera de Lanzas

El PSOE suma ya su segundo diputado dentro del Grupo Parlamentario Socialista señalado por casos de corrupción. La Fiscalía ha reclamado en un escrito dirigido a la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla –María Núñez Bolaños– que impute a Carmelo Gómez dentro de la causa de Mercasevilla –en concreto la instrucción que investiga los delitos societarios en la empresa de capital público– porque considera que existen «indicios» de que la sociedad pública le pagó nóminas «durante el tiempo en que estuvo dado de alta en diversas empresas» vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Gómez se suma así a José Luis Sánchez Teruel, diputado al que la Guardia Civil acusa de un presunto delito –entre otros– de malversación de caudales públicos por su actuación en la concesión de una subvención para la modernización de regadíos a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir durante su época como director general de la Consejería de Agricultura.

Las pesquisas sobre Carmelo Gómez no son nuevas. Ya en 2013 la Guardia Civil entregó un atestado a la jueza Mercedes Alaya en el que advertía que el ya entonces diputado había trabajado para empresas vinculadas a Juan Lanzas. En concreto lo hizo para Maginae Solutions entre los años 2003 y 2007 y percibió retribuciones como trabajador por cuenta ajena por importe de 21.323 euros.

Los investigadores matizaron los hechos posteriormente. En marzo de 2014 –y dentro del «caso ERE»– concretaron que de acuerdo con los datos de la empresa Maginae Solutions –al frente de la que estaba Ismael Sierra, cuñado de Lanzas–, Gómez habría percibido retribuciones por importe de 8.390,55 euros. Estuvo dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 133 días, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto del mismo año. De ese dinero, 4.705,85 euros fueron abonados en concepto de empleado por cuenta ajena y 3.684,70 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen.

No se trataba de un hecho aislado. En su misma situación se encontraban un ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, y Carmen Rodríguez Borrego, pareja de un hijo de Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla –imputado en los ERE–. Ambos fueron contratados en empresas del entramado de Lanzas por lo que la Guardia Civil considera que teniendo en cuenta la «escasa actividad económica» de las sociedades así como el «desconocimiento de su labor como trabajadores» por el resto de empleados, los pagos «pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real». Es decir, que cobraron sin trabajar por indicación a Lanzas del ex director general de la lonja sevillana Fernando Mellet. De hecho, la jueza Mercedes Alaya amplió la imputación a este último en el caso «Mercasevilla» un día antes de dejar su cargo.

La Fiscalía Anticorrupción retoma ahora este asunto ya que «habría en la causa indicios» de que Mellet «mediante el abono de facturas simuladas –al entramado de Lanzas–, satisfizo la nómina» de los tres reseñados –Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Antonio Rivas– «durante el tiempo en que estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario» del conseguidor de los ERE.

El Ministerio Público reclama que se tome declaración en calidad de imputados «a las tres personas que fueron empleadas y cuyas nóminas fueron pagadas indebidamente con fondos públicos». En el caso de Carmelo Gómez, al ser aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal solicita a la jueza Núñez Bolaños que eleve una exposición razonada al Alto Tribunal «por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones».

La actual instructora ya dictó el pasado viernes una providencia en la que solicitaba al Parlamento andaluz que certifique que Carmelo Gómez es diputado autonómico en esta legislatura.

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista defendió ayer que su trabajo en Maginae Solutions fue real y que desarrolló todas las tareas por las que se le contrató. Asegura que no detectó «irregularidad alguna» y que se limitó a la elaboración de «estudios e informes» por los que cobró su correspondiente «nómina» como cualquier trabajador. El dirigente socialista comparó su situación con la que vive «cualquier trabajador que se ve en los tribunales porque el empresario que le ha contratado ha cometido presuntas irregularidades».

De momento, el PSOE no ha apartado a Gómez de sus responsabilidades orgánicas dentro del partido. Se trata de una persona cercana a Díaz que ocupa la Secretaría de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE andaluz.

Por su parte, Sánchez Teruel, el otro diputado señalado en una investigación judicial, continúa como secretario general del PSOE en Almería.

La Junta paga a Guerrero los 18.000 euros

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ya tiene en su cuenta corriente los 17.738,22 euros que la jueza Alaya le embargó y que correspondían a sus salarios atrasados después de que el TSJA ordenara su reingreso como funcionario de la Administración autonómica. La actual titular tuvo que exigirle en un par de ocasiones a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que procediera a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas. Guerrero había alegado en varias ocasiones que se encontraba en una situación económica de «precariedad». Noelia Acedo