Sin casa y sin dinero diez años después

En Andalucía hay procesos judiciales abiertos en un centenar de promociones que no se entregaron nunca. Afectados aseguran que «hay muchísimas más» y exigen una «solución institucional»

«No reclaman porque no se creen que lo vayan a conseguir». Ésa es la principal razón por la que personas estafadas en la compra de su vivienda, adquirida sobre plano, continúan hasta diez años después sin dinero y sin casa. A esa sensación de lucha imposible, la abogada Marta Serra contrapone una realidad: «Tenemos miles de personas que han recuperado su dinero». Serra es la directora de El Defensor de tu Vivienda, asociación que asesora y defiende a los afectados por estas operaciones fraudulentas. En Andalucía, de momento, solo tienen juicios vistos para sentencia, pero el ejemplo de otras comunidades ha sembrado el optimismo entre los afectados: esta asociación ha logrado cuatro mil fallos favorables, o lo que es lo mismo, que bancos y aseguradoras les devuelvan, con intereses, el dinero que adelantaron por una casa de la que nunca han disfrutado.

El Defensor tiene localizadas 99 promociones falllidas en las que los compradores aportaron miles de euros. «Los bancos han ganado mucho dinero durante el ‘boom’ inmobiliario y con las subrogaciones de hipotecas. La ley les hacía responsables y vigilantes de que no se produjeran este tipo de situaciones», explica Serra.

Según aclara, las reclamaciones están basadas en la Ley de 1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, derogada en 2015 –el cambio solo afectaría a las construidas después de su entrada en vigor–. «En principio, se reclamaba a la cooperativa o a la constructura. Al ser insolventes, los perjudicados no cobraban». Fue en 2015 cuando comenzaron a dictarse las primeras sentencias condenando a los bancos por incumplimiento del deber de vigilancia establecido en la citada ley, que obligaba a contratar un aval bancario cuando se compraba sobre plano. El Supremo estableció también ese año la doctrina a seguir. «Si no se contrataba el aval, pero abría una cuenta en un banco y el banco no lo verificaba, automáticamente éste quedaba como responsable» de cualquier incumplimiento posterior.

Serra lamenta que el nuevo redactado «deja desasistido al comprador al restringir la devolución del dinero a los casos en que se haya firmado el contrato después de obtener el promotor la licencia de obras». De esta manera, el Gobierno cerraría la puerta a la inmensa mayoría de las futuras reclamaciones, salvaguardando a entidades financieras y aseguradoras. «La Ley 20/2015 dice que solo existe obligación de asegurar las cantidades cuando la promoción cuenta con licencia de obras. El 95% de las personas se quedan desprotegidas. Nadie vigila que un promotor no venda sin tener esa licencia, no se le multa ni se le penaliza –insiste Serra–. Cada vez que hay una crisis surgen estos problemas y hay personas que pierden todos sus ahorros. Lo suyo es que se proteja al consumidor».

La abogada cree que «hay muchísimas más» promociones de este tipo, aparte de las 99 identificadas por ellos valiéndose del «boca a boca» o de denuncias individuales que han servido para localizar a más afectados. «En cuanto te mueves un poco, aparece otra: en Torrox (Málaga), por ejemplo, se supo de una y ahora hemos detectado otra. Se ven edificios en esqueleto, construcciones paradas... estoy segura de que hay cientos», dice.

Para el Defensor, esta estafa es equiparable a la de las cláusulas suelo de las hipotecas o las preferentes que vendieron los bancos. «No sé si interesa buscar una solución a nivel institucional. Para empezar hay mucha dispersión porque no existe un registro ni datos de promociones que se han caído. La única forma es darlo a conocer, que quien esté en una situación así sepa que no lo tiene perdido».

El proceso judicial se alarga normalmente entre un año y medio y dos. Aunque Serra advierte de que «ni todos los afectados han reclamado ni siempre la reclamación es viable». «Puede ser que en una misma promoción uno pueda reclamar y otro no. Solo están protegidos cuando el afectado ha tenido un retraso en la entrega de su vivienda; algunos se han dado de baja por quedarse sin trabajo pero no lo han dejado por escrito. Si no se argumenta que es por la demora en la entrega, no tendría derecho a la devolución. El matiz de argumentar una razón u otra puede perjudicarle», concluye.