Sin notificaciones electrónicas en el 40% de los juzgados

La saturación judicial continúa como una constante, con señalamientos, sobre todo en los juzgados de lo Social y como consecuencia de la crisis, hasta a cuatro años vista. La novedad para este año, la implantación de las oficinas judiciales, es un arcano que se repetía con María José López o Evangelina Naranjo como consejeras y que este ejercicio arranca en modo de pruebas. Como el propio consejero acepta, la Justicia sigue instalada en el siglo XIX. De hecho, el sistema de notificaciones informáticas –implantado recientemente en el despacho de Mercedes Alaya y reclamado por el magistrado del «caso Invercaria» Juan Gutiérrez Casilla– apenas funciona en el 62% de los juzgados andaluces.

La Junta recalca el «enorme esfuerzo inversor» desarrollado durante el pasado año para la adquisición de equipamiento informático y nuevas aplicaciones. La Administración destaca la continuidad del proceso de despliegue de la firma digital y del Sistema de Notificaciones Electrónicas (el mencionado Lexnet), actualmente funcionando en 426 juzgados y con un volumen de notificaciones que ya supera los 15 millones. Un total de 257 juzgados aún carecen del sistema de notificaciones electrónicas. Lexnet se suma a otros proyectos tecnológicos como el sistema de interconexión y consultas de los juzgados en el ámbito penal Eemat, el sistema de comunicaciones implantado entre los juzgados y los centros penitenciarios, el de gestión de documentación y archivos judiciales Jara, los nuevos sistemas de videograbación de las salas de vista o el nuevo portal de información judicial Adriano, entre otras iniciativas. Además, los más de 7.500 funcionarios que prestan servicio en los 683 juzgados andaluces cuentan en la actualidad con más de 20.000 equipos informáticos, que han generado la tramitación de más de 2,2 millones de asuntos a través del sistema Adriano.

Para este ejercicio, la Consejería pretende cambiar la estructura organizativa de los juzgados y poner fin a la actual de un secretario y un grupo de funcionarios por magistrado. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un decreto para regular la organización y estructura de las oficinas judicial y fiscal en Andalucía con el objetivo de implantarlo durante el año, aunque el consejero De Llera ya ha descartado que llegue a toda la comunidad en esta legislatura. De entrada, está a prueba en El Ejido y Vélez-Málaga. El proyecto consiste en dejar menos funcionarios adscritos directamente a cada juez y potenciar unos servicios comunes, con más funcionarios y especializados en cada fase del proceso judicial. Se trata de una reforma que la Justicia espera desde hace una década. La Junta pretende «revolucionar» los tiempos de una Administración lastrada por los retrasos. La implantación de la nueva oficina judicial afectará en una primera fase a los partidos judiciales sin separación de jurisdicción, comenzando por El Ejido y Vélez-Málaga. En cuanto a la nueva oficina fiscal, la Junta iniciará su implantación en la Fiscalía de Sevilla, un «modelo suficientemente amplio para servir de soporte al resto de oficinas». Los trabajos previos para instalar la nueva oficina judicial y fiscal y el avance en las nuevas tecnologías son los logros que más destaca la Junta. Con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva, la Consejería –tras criticar que el Ministerio «no ha destinado nada de lo recaudado por las tasas judiciales a financiar el acceso de todos los ciudadanos a la Justicia»– ha acordado con el consejo andaluz de abogados abonar las cantidades pendientes de 2013 antes de abril. El pasado año se pagaron más de 35 millones a abogados y procuradores por este servicio.

El «tasazo» judicial apenas ha reducido los pleitos. En Sevilla, sólo un 8% en un año. La reducción afecta sobre todo en Primera Instancia (-9,78%), los encargados de las reclamaciones económicas, y en lo Social (-8%), que se ocupan de los procedimientos laborales. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que se ocupan, por ejemplo, de los recursos de las multas, han experimentado una caída del 6,5% en los asuntos. Los juzgados de Familia y de lo Mercantil han sufrido aumentos del 1,26% y del 6,55%.

La Ciudad de la Justicia de Sevilla sigue siendo una entelequia, un proyecto utilizado como arma arrojadiza desde el Ayuntamiento y la Junta. Ni está, ni se la espera. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, reclama la parcela, dos años después de la cesión de Monteseirín. La Consejería rechaza la devolución porque no se ha definido aún el emplazamiento definitivo de la ciudad judicial. El consejero De Llera lleva más de siete meses esperando una respuesta del Consistorio sobre los datos técnicos del proyecto alternativo.

De las macrocausas abiertas, sólo ha finalizado la instrucción sobre la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla. En lugar de reducirse los asuntos, cuanto más avanzan las investigaciones, se multiplican. Es el caso de los sobornos y pagos de mordidas por parte de la empresa Fitonovo, la denominada «operación Madeja». Después de años de diligencias, la juez Alaya vislumbra ya la punta del iceberg de algunas causas. De instancias superiores dependerá la imputación final de los aforados y ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de otros ex consejeros de la Administración andaluza como Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. Dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ponen el foco de nuevo en la Sierra Norte de Sevilla.

Ningún estamento social escapa a las causas de corrupción. La corrupción marbellí en sus distintas causas, los ERE, en sus variadas vertientes, o Invercaria y UGT y la CEA. Del Nido, Lopera, Isabel Pantoja y José Ortega Cano e hijo son algunos de los rostros mediáticos de los tribunales sobre los que destaca sobremanera la figura de la juez Alaya. Los ex presidentes Chaves y Griñán están preimputados. Los protagonistas de la concertación social se encuentran en entredicho. La Junta, con los ERE. UGT, con las facturas falsas. CC OO, con su tesorero investigado. La CEA, con el asunto de unas VPO sin construir, pese a cobrar a los adjudicatarios. El regusto general es amargo, similar al que puedan tener los padres de Marta del Castillo, condenados a pagar por el Tribunal Supremo las costas del juicio a Samuel Benítez y Francisco Javier Delgado, absueltos de encubrir y colaborar en el crimen confeso de Miguel Carcaño. La decepción se ha convertido en cotidiana con penas como las del «caso Malaya», saldado con 11 años de prisión y una multa de 240 millones al ex asesor de Urbanismo marbellí y cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y absolviendo a casi la mitad de los 95 procesados. Los juzgados del Prado de San Sebastián devienen en escenario habitual de los directos informativos, ya sea bajo el telón de la crónica rosa o negra.