Tan sólo un 28% de los centros serán bilingües el próximo curso

La Junta anuncia que otros 97 colegios tendrán esta modalidad educativa, a la que ahora tienen acceso un 17% delos alumnos.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, presentó ayer al Consejo de Gobierno el informe sobre el proceso de escolarización del curso 2016/17, que comienza este mismo mes de marzo. Un documento que, a tenor de los datos, sigue mostrando debilidades ya habituales en el sistema educativo andaluz. Una de ellas es la apuesta por el bilingüismo, sustanciada en 2005 en el Plan de Fomento del Pluribilingüismo y que cedió el testigo recientemente al denominado Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas, ambas iniciativas con resultados más que cuestionables. De la Calle anunció que el próximo curso habrá 97 nuevos colegios e institutos bilingües, que se unirán a los 1.211 que ya están operativos. En total, serán 1.308 centros sostenidos con fondos públicos que ofrecerán formación en inglés, francés o alemán, tan sólo un 28,5 por ciento del total de colegios e institutos públicos de la comunidad autónoma.

Las cifras de este mismo curso evidencian que la extensión del bilingüismo no termina de despegar. De hecho, ocho de cada diez alumnos siguen sin estar adscritos a este modelo educativo: del total de 1.857.256 estudiantes escolarizados tan sólo reciben enseñanza bilingüe 321.685, un 17 por ciento del total. Sin embargo, De la Calle insiste en defender las bondades del programa bilingüe. En una reciente jornada celebrada en Málaga, a la que asistieron más de 400 representantes de la comunidad educativa, la consejera anunció que el próximo curso se incorporará una segunda lengua extranjera en el currículo de Primaria y se fomentará el programa de auxiliares de conversación. El objetivo, según De la Calle, es llegar a los 1.500 centros bilingües o plurilingües en 2020 en una región que es, según aseguró, «la que mayor número de lenguas imparte, entre las que destacan, además del inglés, francés o alemán, el chino, portugués, griego moderno o ruso, entre muchas otras».

En cuanto a los servicios educativos complementarios, las previsiones no son del todo generosas. El aula matinal se ofrecerá en 15 centros más, cinco contarán por primera vez con actividades extraescolares, 98.335 alumnos tendrán transporte escolar gratuito y el comedor escolar se implantará en 16 nuevos centros y uno asociado.

En total, se ofrecerán 1.467.591 plazas en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, 39.350 puestos más respecto al presente curso. Este incremento, según la consejera, se debe a la evolución demográfica, a la llegada de alumnado de otros territorios y al trasvase de población escolar desde la escuela privada a la pública. En el segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años) hay una disminución en la oferta. Concretamente, se ofertan 96.350 plazas, lo que supone 1.475 menos respecto al presente curso, lo que es consecuencia, según apuntó De la Calle, del descenso de la natalidad, que en el año 2013, en relación con el año anterior, había disminuido en 342 nacimientos.

Proceso «garantista»

La titular de Educación destacó el carácter «garantista» y «transparente» del proceso, que permitirá que «casi la totalidad de las familias puedan obtener plaza en los colegios e institutos solicitados». Igualmente, anunció que abrirán cinco nuevos colegios de Educación Infantil y Primaria en Puerto Real (Cádiz), Churriana de la Vega y Maracena (Granada), Jaén y Guillena (Sevilla), así como una sección de ESO en el centro de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria (Málaga).

Archivada la denuncia por los horarios

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las diligencias iniciadas tras la denuncia presentada por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) contra la Consejería de Educación por el «caos normativo» provocado por su actuación con los horarios del profesorado de Secundaria, al modificar la norma para que éste pasara a tener un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25. El Ministerio Fiscal ha tomado esta decisión tras no apreciar ilícito penal. Una vez conocida la resolución, APIA ha puesto el caso en manos de varios representantes jurídicos, que ultiman una acción en la jurisdicción administrativa.