«Tengo un título de la Junta y no sé elaborar un chorizo»

El testimonio de Javier Martín Redondo, un fontanero desempleado que hizo un curso en 2010 como «elaborador de productos cárnicos» en Alhaurín con «un compromiso de contratación del 60%», resultó de los más reveladores.

Martín Redondo aseguró que recibieron la teoría «en una nave que no estaba habilitada». «No aprendimos absolutamente nada», aseguró, y sin embargo, le dieron «el título de manipulador de alimentos de mayor riesgo y seguridad en el trabajo». «Regalado», definió. En las prácticas, no dieron «nada que nos enseñara cómo elaborar» los embutidos sino que realizaron «trabajo sucio». «No teníamos que haber aportado mano de obra a la fábrica, teníamos que ser formados», señaló. El curso era para 15 personas y «quedamos 10», de los que «contrataron a dos». «A los otros cuatro nos dijeron que esperáramos», indicó. «Se acababa el plazo» y le contrataron «media jornada» y trabajó «ocho o diez días». «Lo que hice fue en su casa –del empresario–: cambiar los bajantes; otro, que era pintor, le pintó; otro tiró tabiques», resumió. Martín Redondo señaló que «se puso en contacto con una persona de la Junta: Pedro Jesús Sánchez Becerra, vía email». «Me instaba a ir a la vía judicial. Para meterte en pleito hace falta tiempo, dinero y ganas», resumió. «Cuando venía la inspección de la Junta, dejábamos lo que hacíamos y mirábamos cómo envasaban. Cómo vas a decir nada si te tienen cogido, si te pueden echar y tu fin es entrar en ese 60%», justificó, señalando que el empresario Juan Enrique Zumaquero Merino recibió en 2009 «más de 162.000 euros»; en 2010, «casi 84.000 euros por el curso»; y «en 2011 también dio cursos». «Qué menos que ir a mirar adónde va el dinero», señaló. A preguntas de IU, el compareciente insistió en que «la inspección vino en tres ocasiones» y «lo sabían de anticipo. Imagino que hay una mano negra». En todo caso, los alumnos al preguntarles si estaban trabajando para la empresa respondieron que «no». El ex alumno también señaló que «nos autoexaminábamos» y que él «cortaba tocino, colgaba chorizo, ordenaba cámaras; aportábamos mano de obra». «Han tenido 15 personas trabajando por una ilusión», se quejó, apuntando que «algunos trabajadores de la fábrica cogieron vacaciones» gracias a ellos. «Tengo un título de elaborador de productos cárnicos, dado por la Junta, y yo no soy capaz de elaborar un chorizo por falta de pericia. No me han enseñado. Me han enseñado a hacer trabajos sucios», describió.

C’s preguntó por «consignas políticas» en los cursos y la poca cualificación de algunos profesores. «Llevo desde 2009 sin que el SAE se dé cuenta de que existo», resumió el interviniente. «Yo siento que el SAE no sirve absolutamente para nada. No conozco a nadie a quien el SAE le haya encontrado un puesto», señaló a Podemos. «Éramos peones con la ilusión de poder algún día sentar la posadera en un sitio en los tiempos que estamos. Tengo 49 años, yo sé que no voy a encontrar un puesto decente en mi vida laboral. Estaré en trabajos en precario», señaló al PP, recordando que el empresario le instó a que «no remuevas la mierda, que huele». El PSOE señaló que el caso en particular no sirve de ejemplo de los miles de trabajadores que se han formado y destacó que «la Junta cumplía con su obligación de hacer las inspecciones pero no quiso denunciar». También subrayó que la empresa tiene un expediente de reintegro. Tras cuestionar por qué el compareciente no denunció antes, Martín le espetó: «Usted no sabe lo que es ir a los servicios sociales a pedir un poco de arroz». El PSOE le acusó de «poner en duda todo el sistema». «Vivimos en un país de ladrones. La culpa es nuestra por votarles a ustedes», concluyó.

Francisca Pérez Laborda, ex delegada de Empleo en Almería, que no contestó a los diputados, señaló que «nunca he dado trato de favor» y «todo estaba validado por el jefe de departamento». Pérez Laborda destacó que el interventor ya señaló que no hubo «menoscabo» y que «jamás he recibido órdenes para incumplir la legalidad ni tampoco di órdenes para incumplir la normativa».