Torquemada en el claustro

Después de Castilla La Mancha y La Rioja, Andalucía es la tercera comunidad en la que se exige a los ciudadanos, mayormente a los docentes, que aspiren a trabajar con menores la exhibición del certificado de penales. No vaya a ser que en algún momento hubiesen incurrido en delitos de pederastia, dicen, de modo que la administración se salvaguarda de la obligación de implementar los mecanismos de control oportunos para convertir en sospechosos a todos los profesores. Todo maestro arrima la cebolleta mientras no se demuestre lo contrario. No sólo han sido despojados de la autoridad imprescindible para ejercer su labor, sino que ahora incluso se les invierte la carga de la prueba, como en los procesos inquisitoriales, y son ellos quienes deben demostrar su aptitud moral... con evidente lesión de su intimidad, ya que nadie debe pasar por el fielato de exhibir su prontuario legal para acceder a un puesto de trabajo. ¿Les preguntarán también por el sentido de su sufragio? Eso se llama pasarse la Ley de Protección de Datos por el arco de triunfo. Semejante barbaridad no es sólo discriminatoria y, por ello, posiblemente inconstitucional, es sobre todo definitoria de una sociedad dispuesta a renunciar a cuotas enormes de su libertad con tal de que un Estado paternalista hasta lo dictatorial le facilite un pasar sin preocupaciones. No es extraño que dos de las tres regiones que primero han implementado la medida pertenezcan a este eje meridional en el que la mayoría de los ciudadanos no alberga aspiración distinta a conseguir una paguita por la vía que sea: enchufe, subsidio, subvención o mangazo. La socialdemocracia consiste en que nadie piense, que ya lo hacen por nosotros los hombres providenciales.