Tres años sin diálogo entre Junta e Iglesia

La última comisión mixta entre la Administración autonómica y los obispos se celebró en 2013, un marco en el que se analizan restauraciones de templos y vías de financiación

A la nula inversión de la Junta de Andalucía en restauraciones de templos se suma una circunstancia cuanto menos curiosa: la última reunión de la comisión mixta Junta de Andalucía-Iglesia Católica se celebró en 2013. Desde entonces, ambas instituciones no han vuelto a dialogar, pese a que han surgido fricciones importantes, como la polémica sobre la titularidad de la mezquita-catedral de Córdoba o las constantes necesidades de intervención en el vasto patrimonio eclesial de la comunidad autónoma. Este órgano fue creado mediante orden de 2 de abril de 1986 con un primer objetivo de desarrollar las previsiones contenidas en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre el Estado y la Santa Sede en 1979. Lo integran, según la citada orden, la consejera de Cultura, el viceconsejero, el director general de Bellas Artes, el de Libros, Archivos y Bibliotecas, el de Teatro, Música y Cinematografía, tres vocales designados por la consejera de Cultura, un delegado de los obispos de la Iglesia Católica de Andalucía, un subdelegado y siete vocales designados por los prelados. Su fin principal es «preparar y elevar a los órganos ejecutivos propuestas de programación de intervenciones sobre los bienes de la Iglesia Católica», por lo que las restauraciones de templos figuran en los objetivos prioritarios. También se especifican otras funciones, como «fijar las condiciones que han de observarse en el uso que, previa autorización de la correspondiente autoridad eclesiástica, haga la Junta de Andalucía de los bienes eclesiásticos para desarrollar actividades culturales» o «proponer las condiciones de uso y disfrute por los ciudadanos de los monumentos, museos o archivos de la Iglesia Católica».

Lo cierto es que esta comisión ha tenido una escasa actividad. Tanto que la reunión que precede a la de 2013 se celebró en 2006. Hace tres años se convocó a raíz de la polémica relativa a la apertura de los bienes declarados de interés cultural. Entonces, la Consejería de Cultura instaba a la Iglesia a cumplir con la Ley de Patrimonio y permitiera el acceso de los ciudadanos a sus bienes declarados BIC «de forma gratuita al menos cuatro días por mes, tal y como establece la citada norma». Los obispos, por su parte, argumentaron que «las iglesias se abren cada día y no están cerradas a la posibilidad de su visita pública y gratuita», tal y como aseguró en un comunicado la Oficina de Información de los Obispos del Sur de España (Odisur). Además, en los casos «excepcionales» en que se solicita una aportación económica «se destina a la mejora de la gestión del patrimonio de la Iglesia y su conservación». Y una puntualización: «La mayor aportación para la conservación de dicho patrimonio no proviene de las ayudas públicas, sino de los católicos, y así se puede comprobar con cifras concretas».

Estos datos, precisamente, no hacen más que corroborar que la Iglesia, pese a que muchos de sus bienes se incluyen en los circuitos turísticos de las ciudades, viene asumiendo casi en solitario laS restauraciones. Y para muestra un botón: un tercio de los gastos del Arzobispado de Sevilla se invierte en rehabilitaciones y mantenimiento de los templos, que suman casi 700 en una de las diócesis con mayor volumen de edificios históricos. Según asegura a LA RAZÓN Alberto Benito, ecónomo diocesano, en torno a 2,5 millones de euros provienen de las visitas a la Catedral, por lo que ironiza asegurando que «los americanos y japoneses son los que están pagando las rehabilitaciones». Por otra parte, mediante préstamos y acuerdos con entidades bancarias, la cantidad final puede llegar a duplicarse, dando como resultado en torno a 5 millones de euros. El modelo de financiación, sin embargo, va cambiando en función de la intervención, aunque siempre hay un denominador común: la Junta de Andalucía no aporta fondos. «Hay comunidades parroquiales que piden préstamos y se les avala desde el Arzobispado y también se reúne dinero mediante suscripciones», recuerda Benito. Santa Catalina es actualmente la principal restauración que está ejecutando la Archidiócesis. Cerrado al culto desde 2004, este templo mudéjar ha sufrido innumerables avatares, aunque por fin ya encara su recta final gracias a un crédito suscrito con una entidad bancaria. En estos momentos, según Benito, «se está negociando una ayuda con el Ayuntamiento» para una obra «de la que se retiró del todo la Junta».

Otra fórmula es la que se seguirá en la iglesia de Santo Domingo de Osuna. El Arzobispado asume el 78 por ciento de la inversión, mientras que el resto corresponde al Ayuntamiento de la localidad, la Fundación Pública de Estudios Universitarios «Francisco Maldonado», el Patronato de Arte y la asociación «Amigos de los museos» de Osuna.

Con la crisis, las empresas y las entidades privadas dejaron de colaborar en este tipo de actuaciones. Atrás quedaron los años de bonanza y la modélica restauración de la iglesia del Salvador, en la que diferentes administraciones –de diferente color político– remaron en la misma dirección, además de multitud de empresas y particulares. Ahora, sostiene Benito, de las pocas entidades que se involucran en la restauración de templos es la Fundación Sevillana-Endesa, que se centra en la iluminación artística.

No obstante, es imposible abarcar todas las necesidades dada la gran cantidad de templos. «Tenemos el casco histórico de mayor dimensión y densidad de Europa», recuerda Benito, quien subraya que «en el siglo XV Sevilla era Manhattan, puesto que por aquí pasaban todas las corrientes filosóficas y artísticas». Además, todo lo relacionado con el patrimonio «genera un valor que habría que gestionar mejor». En este punto, recuerda el reciente reconocimiento a la Catedral por parte de la Unesco, como referente en la gestión turística y como modelo de perfecta convivencia entre las visitas culturales y el culto. Por ello, el ecónomo diocesano propone trasladar este modelo a otras iglesias, todo ello «basado en criterios de profesionalización».