Un acuerdo reduce las penas por el fraude en las subvenciones a entre tres años y nueve meses

La Fiscalía, las acusaciones particulares y los 50 acusados por defraudar un millón en subvenciones utilizando empresas y contratos falsos aceptaron los hechos y las penas solicitadas, en la mayoría de casos de nueve meses de cárcel, salvo para el cabecilla, que será condenado a tres años. La Audiencia de Granada celebró ayer el juicio contra medio centenar de acusados por dos delitos de fraude, que utilizaron falsos contratos de trabajo y empresas ficticias para defraudar un millón a través de subsidios y ayudas públicas. La magnitud del juicio, con medio centenar de acusados y 33 abogados, más el tribunal, Fiscalía y acusaciones particulares, motivaron que la sesión se tuviera que celebrar en el salón de actos de la antigua Diputación. Aunque la Fiscalía de Granada solicitó hasta nueve años de cárcel para nueve de los acusados como máximos responsables de la trama de fraude, modificó sus peticiones y las partes llegaron a un acuerdo. La Fiscalía retiró los cargos contra dos de los nueve acusados principales, que aparecían como responsables de las dos falsas empresas, al considerar probado que desconocían su papel de administradores de éstas. El fraude se gestó con un entramado de empresas falsas que daba de alta a trabajadores ficticios a cambio de dinero, para que después pudieran cobrar subsidios y ayudas públicas. Tras el acuerdo, sólo el principal imputado, Emilio S. R., será condenado a tres años de cárcel, a lo que se le restarán los cinco meses que ya estuvo privado de libertad por esta causa.