«Un ambiente quejoso» pero «sin ilegalidad»

El ex consejero Martín Soler «nunca» recibió ningún aviso más allá de «por qué» IDEA pagaba los ERE

El ex consejero de Innovación Juan Martín Soler, sucesor de Vallejo, apuntó ayer en el juicio sobre el «procedimiento específico» de los ERE que en IDEA «el ambiente era quejoso» por «intentar resolver una situación que era de Empleo». «En absoluto era por una cuestión de ilegalidad», explicó. «No lo entendían bien» los trabajadores, señaló. Martín Soler indicó que «había reuniones frecuentes en las que la Dirección de Trabajo e IDEA mejoraban su coordinación». El ex consejero no recibió «nunca copia del control financiero permanente» de la Intervención. La posibilidad de sustituir IDEA por alguna agencia, «no se comentó de manera formal, eran simples comentarios». «La apariencia de legalidad era tan evidente que era imposible que alguien pudiera pensar que hubiera algún tipo de ilegalidad», señaló Martín Soler, que aseguró que «no conocía el programa 31L». El ex consejero reseñó que «le tocó estar cuando estaba la decisión tomada» –reconoció, «para ser honesto conmigo mismo porque yo podía estar aquí también imputado»– y «se acató la decisión de Intervención»: en 2010 ya aparecen las encomiendas de gestión y después se pasa de convenios a resoluciones «que permitían generar los pagos en IDEA». Este conocimiento no lo tenía en absoluto en su momento, matizó. «La apariencia de legalidad» desde su punto de vista «era total». «En 11 meses» no recibió «ni un comentario de riesgo o preocupación, nada más allá de 'por qué no llevan ellos'» los pagos de los ERE.

La ex trabajadora de Surcolor Manuela Hurtado consideró que su empresa «no estaba para cerrar» cuando la prejubilaron. De hecho, «estuvo 5 años después en activo». «Nos propusieron que obligatoriamente nos teníamos que ir» y de «todo» se encargó «CC OO». Oficialmente la despiden «por falta de puntualidad» pero «reconocen que es un despido improcedente». Tampoco «le informan de que la póliza en parte la va a pagar la Junta». Se entera de todo lo que ha pasado a través de la carta que manda al Ayuntamiento, «estando Zoido». Al «sindicato no le interesaba que nos metiéramos en mucho jaleo y menos con la Junta», indicó. «Me lo prohibieron». Cuando hizo llegar la situación de los impagos a Presidencia, que entonces la ostentaba Griñán, «la respuesta fue que tenía la agenda muy apretada». En cualquier caso, le dejó un escrito con toda la información en 2010. Les atendió «Rivera», al que vio, «un poco perdido y «dijo que estaba el proceso acelerándose, pero era muy complejo y no podía adelantar más» tras «meses sin cobrar». El Defensor dijo «que era tema de relaciones laborales».

Antonio Ávila, funcionario de la Dirección de Trabajo entre 1994 y 2008, expuso que el «borrador» de decreto que no se aprobó para regular las ayudas lo hace él, «en base a la Orden del 95», que ve «diferente a la del 94». Guerrero se lo encargó para «adecuar» las ayudas y no sabe «por qué no se llevó a cabo finalmente».

Por su parte, el ex director de área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia Antonio Jesús Mena señaló que sólo «despachaba con Juan Gallo». A él le «llegaban cartas que le pasaba el director de gabinete» y se encargaba de pasarlas «a la Consejería que le afectara». Sobre la carta de la empresa Bilore dirigida a Chaves, señaló que «era la Consejería la que daba respuesta al ciudadano», negando que el ex presidente presionara en Empleo, como sostuvo Guerrero, para solucionar la problemática de Bilore en Lucena.