Un ente del «caso Jeremie» paga ahora por un sistema de gestión de préstamos

La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU (Soprea) de la Junta ha contratado los servicios de soporte y asesoramiento técnico de un despacho de abogados con una finalidad: «La adquisición de un sistema de gestión de préstamos». Se ha negociado sin publicidad, el importe total de la adjudicación es de 48.400 euros y el agraciado ha sido Deloitte Consulting SL, un equipo de 49 socios, dirigido por Luis Fernando Guerra, como se puede comprobar en la escueta reseña publicada en la plaforma de contratación virtual del Ejecutivo autonómico.

Soprea saltó recientemente a la actualidad mediática andaluza después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla pusieran en tela de juicio su gestión de los fondos Jeremie –acrónimo del inglés «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises»–. Se trata de una entidad dependiente al cien por cien de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ambas a su vez incrustadas en el organigrama de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que fue seleccionada como intermediario financiero de un fondo de 185 millones entre 2007 y 2013 procedentes del mencionado instrumento promovido por la Unión Europea (UE) para facilitar financiación a empresas que cumplían determinados requisitos. La Cámara de Cuentas cuestionó esa adjudicación en un informe de fiscalización centrado en Soprea y en los fondos sin personalidad jurídica en los que ésta intervino relativo al ejercicio 2010 –que se aprobó en marzo de 2013 porque hubo un parón, a petición de la entidad que reformuló las cuentas de aquel año con fecha del 24 de mayo de 2012–, pero el Gobierno la defendió y, de hecho, ha mantenido por el momento la vinculación de la sociedad pública con el fondo europeo.

Mientras Soprea busca ahora un sistema para gestionar los préstamos, el órgano fiscalizador ya alertó en el mencionado informe de que la entidad había corrido algunos riesgos con ellos. Constató, entre otros, que en septiembre de 2010, otorgó un préstamo de 5 millones de euros, posteriormente capitalizado, a Alestis Aeroespace, sociedad que en mayo de 2012 presentó en los tribunales concurso de acreedores, debido a su situación financiera de insolvencia provisional. Soprea, más allá de una mención en la memoria de las cuentas anuales reformuladas que remitió a la Cámara de Cuentas, no facilitó a ésta evaluación alguna de «las consecuencias» que se derivaban de la situación financiera del grupo Alestis Aerospace, ni de «la capacidad» de éste para «asegurar la recuperabilidad de sus activos». «Este hecho –se apunta en el trabajo del órgano fiscalizador– constituye una incertidumbre». En el mismo documento se menciona también que Soprea concedió un préstamo participativo por un importe global de 39.559.707 millones a la empresa automovilística Santana Motor SA en el ejercicio de 2001, que también acabó liquidada en abril de 2011 en mitad de unas circunstancias y vericuetos que, a juicio de los autores del trabajo de la Cámara de Cuentas, tuvieron como consecuencia «una alta dificultad para la recuperación» del préstamo participativo millonario.

Al margen del contenido de ese documento, esta reciente contratación de la sociedad pública en el punto de mira de la Justicia no es la única que ha cerrado con Deloitte. Ya eligió de forma similar a su equipo de abogados para la «elaboración y el desarrollo de un código de conducta en materia de prevención de delitos y control de riesgos sancionadores», como adelantó este periódico hace unas semanas. En aquella ocasión la cuantía total a abonar por parte del Ejecutivo autonómico fue de 14.520 euros, dato que se puede constatar también en la plataforma de contratación de aquél.