Un entramado societario para «burlar» el concurso de la Junta

Emerita avisa a la jueza de la falta de conexión entre las adjudicatarias y la empresa que «controla» ahora la mina

El Gobierno andaluz adjudicó la mina sevillana de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México
El Gobierno andaluz adjudicó la mina sevillana de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México

Emerita avisa a la jueza de la falta de conexión entre las adjudicatarias y la empresa que «controla» ahora la mina

En la ruta que se siguió para asignar la mina de Aznalcóllar y durante los trabajos que ya se llevan a cabo en ella, ha habido un baile de sociedades. El adjudicatario en febrero de 2015 fue el tándem Minorbis-Grupo México, pero la que ha reabierto el yacimiento es Minera Los Frailes. Una de las empresas que la Junta dejó fuera en el concurso público por el que resolvió la licitación, Emerita Resources, ha advertido al juzgado que investiga si hubo o no irregularidades en torno al mismo de varias cuestiones ligadas a ese entramado societario. Para arrancar, ha trasladado a la instructora, Patricia Fernández, que la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha argumentado en sus informes aportados a la causa que el hecho de que finalmente haya aceptado la mina una sociedad diferente a la agrupación seleccionada de origen y formada en teoría por ésta «constituye una alternativa contemplada con naturalidad en el contexto español», pero obvia, apunta Emerita en un escrito consultado por LA RAZÓN, «lo que la propia Audiencia Provincial de Sevilla ya explicó». Y se refiere a que «cuando se ha permitido dicha sustitución, las bases del concurso lo habían contemplado expresamente en su articulado», circunstancia que, asevera, «no ocurre» en este caso. Pero hay más. «Ni siquiera pueden afirmar que Minera los Frailes SL esté realmente integrada por Grupo México y por Minorbis», una «acreditación» que debió comprobarse «de forma previa», se sostiene en el texto judicial, y que «no puede suplirse posteriormente». El representante procesal de Emerita, el abogado Ramón Escudero, avisa a la jueza de que el Gobierno autonómico ha llegado a manifestar que la beneficiaria de los derechos de explotación de Aznalcóllar es Grupo México-Minorbis o que «lo es sólo Minorbis en solitario», en función de «la conveniencia del momento». Niega que lo último sea cierto, a la luz del expediente, pero, de ser así y en cualquier caso, «la aceptación la habría realizado una entidad de la que Minorbis no tendría, en la práctica, ninguna participación», ya que, «a fecha de hoy», anota en el escrito datado el pasado 25 de abril, Minorbis «posee tan sólo el 2,688% de las participaciones de Minera los Frailes SL». «Aunque el otro socio, AMC Mining Iberia SLU –matiza–, las mantiene pignoradas –dejadas en prenda–, con lo que en la práctica controla el 100% de la sociedad».

Pero es que además no quieren pasar de puntillas sobre otra cuestión. Mantiene el letrado que la entidad que en realidad «controla» Minera los Frailes es «AMC Mining Iberia SLU, que pertenece en su integridad a Americas Mining Corporation». «Parece ser –se suma en el documento– que esta última entidad extranjera afirma ser parte de Grupo México, pero ello no consta acreditado en ninguna parte, y debiera, al menos, haber sido comprobado de forma previa a entender aceptado el concurso», insisten desde el lado de Emerita. De hecho, siguen desentrañando la madeja y comunican al juzgado que las mercantiles que durante el procedimiento de adjudicación pudieron alcanzar «algún tipo de acuerdo» con Minorbis fueron «Grupo México SAB de CV» y «Southern Copper Corporation», entes «diferentes de la ahora partícipe de Minera los Frailes», que «parece haberse apropiado de los recursos mineros» y que «se llama Americas Mining Corporation».

De acuerdo al petróleo argumental que alimenta el escrito al que ha tenido acceso este periódico, es precisamente Americas Mining Corporation la que «se ha quedado la mina» y a Emerita, denunciante y origen del proceso judicial que esculpe Fernández, «no le consta» que la Administración andaluza «sepa siquiera si tiene capacidad de obrar».

«Ni la propia Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene la más remota idea, al menos de forma oficial, de quién es Minera los Frailes SL, quién la compone realmente y si guardan relación alguna con las licitadoras en el concurso», plantea Escudero. Para esta parte de la causa, el relatado dibujo de situación «resulta tan delirante» que sólo se puede entender «como una burla fruto de la sensación de impunidad de la Administración». Considera, y así se lo ha transmitido al órgano judicial, que ha quedado «perfectamente acreditada» una hilera de puntos entre los que se encuentra el que Industria, Energía y Minas «no posee documentación alguna referente a Americas Mining Corporation» ni sabe, «al menos de forma oficial y conforme a derecho», la «identidad» de aquélla ni «su capacidad para operar en España». Es más, duda de que tenga confirmación de que «cumple los requisitos de las bases del concurso, incluyendo la autorización para empresas extranjeras, prevista en la Ley de Minas». En la misma línea cree demostrado que el Gobierno regional tampoco conoce, de nuevo de manera «oficial y conforme a derecho», quién es ni quiénes forman parte de Minera los Frailes, como tampoco si «en realidad es una sociedad formada por los integrantes del consorcio a quienes se le otorgó la licitación» del yacimiento.

Defiende, asimismo, «que no existe ninguna resolución» por la que se haya dado vía libre a «un permiso de investigación, exploración o explotación de los recursos mineros», por lo que las labores que se realizan en la zona se están desarrollando «en infracción de ley». Emerita ha pedido a la magistrada, como ya adelantó este diario, que amplíe la investigación «tanto en las personas como en los delitos», tras enumerar las nuevas anomalías detectadas.