Un ex cargo reconoce «10 o 12» modificaciones presupuestarias ligadas al «fondo de reptiles» de los ERE

El ex director general de Presupuestos reduce su papel en ellas a la mera tramitación ya que su departamento no hacía «informes de legalidad»

El ex director general de Presupuestos andaluz Antonio Lozano repitió una estrategia en el juicio de los ERE: la de abandonar respuestas casi en el borde mismo de algunas preguntas y esquivar responsabilidades. Si Magdalena Álvarez quiso aclarar al tribunal que es un «error» entender que la Consejería de Hacienda «lo controla todo», Lozano buscó desterrar la «creencia popular» de que la Dirección de Presupuestos «elabora todas» las cuentas de la Junta. Negó haber tenido competencias en su ejecución, dado que la Ley General de Hacienda se las atribuye a «los órganos gestores», o en su control, sobre el que dijo haber mantenido siempre una actitud de «absoluta colaboración» con la Intervención General. Explicó a preguntas de su abogado José María Mohedano, quien lo interrogó durante horas e incluso llegó a reprocharle que no contestara con exactitud a lo que le planteaba, que el departamento de Hacienda realizaba «una propuesta de asignación global de los recursos totales» de los que dispondrían las consejerías, a las que correspondía la distribución de los mismos, en línea con lo defendido por Álvarez. Y como ella, ignora los trámites por los que se organizó o dotó de fondos el procedimiento de reparto de las ayudas investigadas y nunca recibió documentos como las memorias de control financiero permanente. A interrogantes de la Fiscalía admitió que supo de un «desfase» presupuestario ligado a la partida 31L, el «fondo de reptiles», para añadir que se hizo una retención de créditos que «se levantó» después, por lo que entiende que se resolvió. Cifró en «no muchas más de 10 o 12», entre más de un millar, las modificaciones presupuestarias que se hicieron en su etapa en Presupuestos –entre los abriles de 2002 y 2009– vinculadas a la mediática partida. En cualquier caso, redujo su papel en ellas a la mera tramitación, dado que su departamento no hacía «informes de legalidad».