Un imputado en Invercaria recibió casi un millón en cursos de formación

Aprobaron que la sede de FIVA fuera la de su empresa, dedicada a impartir cursos.

La partida de formación para el empleo no sólo está trenzada con el «caso de los ERE fraudulentos» que investiga la juez Mercedes Alaya. También con el caso Invercaria. En este sentido, uno de los imputados, Juan Antonio Bardón, reconoció ayer al juez Gutiérrez Casillas que instruye la causa que, además de ser accionista de Corporación Gráfica, una de las empresas que participó en FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), proyecto fallido de la sociedad de capital riesgo Invercaria, también tiene otras siete sociedades. Una de ellas es el Grupo Neteman, a la que dedica su actividad principal, dedicada «a la formación para el empleo en general de personas ocupadas o desempleadas», según señaló y recoge el acta de declaración consultada por este periódico.

El Grupo Neteman es una empresa que ha entrado en el reparto habitual de las subvenciones de formación para el empleo que conceden tanto la Consejería de Trabajo como las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sólo en cinco adjudicaciones entre 2009 y 2012, la empresa de Juan Antonio Bardón ha ingresado casi un millón de euros. Concretamente: 935.422. Los dos fondos gestionados por la Consejería de Empleo de los que parten las ayudas son el Programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo», cofinanciado por la Unión Europea, y el Programa 32D de «Formación para el Empleo».

En su declaración, Bardón señaló al juez que la actividad y el objeto social de esta sociedad, radicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), «no guarda ninguna relación con el objeto de FIVA», empresa en la que se centra la investigación del juzgado. FIVA, que pretendía ser un portal que aglutinara a las pequeñas y medianas empresas de Andalucía, fracasó después de recibir más de un millón de euros a través de la sociedad de capital riesgo Invercaria.

El imputado, por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad, reconoció al magistrado que el Grupo Neteman «ha sido beneficiario de subvenciones de la Junta de Andalucía». Aseguró incluso que «en una junta general se acordó en una determinada ocasión que la sede de FIVA coincidiera con la del grupo Neteman». Además de Neteman, Bardón también tiene otra empresa dedicada a la formación: Escuela EFEP.

Las partidas para formación también han aparecido en el «caso de los ERE fraudulentos» y la juez encargada del caso le ha puesto la lupa. Hay empresas que han recibido dinero de uno y otro fondo. «Antonio Gálvez Peluqueros» recibió entre el «fondo de reptiles» y formación en torno a cinco millones de euros. No es la única. El ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, imputado en el caso ERE y condenado por el caso Mercasevilla, otorgó en 2009 una ayuda de más de 68.000 euros a Surcolor para el programa de formación para el empleo. En esta empresa, que se benefició de un ERE financiado con el «fondo de reptiles», aparece como intruso su cuñado Antonio Márquez Sánchez.

A pesar de las evidentes conexiones entre el «caso de los ERE» y las partidas para formación, éstas no cobraron protagonismo mediáticamente hasta la segunda declaración del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerero. A finales de marzo, antes de ser enviado a la cárcel por segunda vez, Guerrero dijo a la juez Alaya que en la Dirección General de Trabajo se movían «unos 54 millones de euros al año», una cantidad «muy pequeña del presupuesto comparada con la destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones al año». El letrado del ex alto cargo de la Junta ha asegurado en varias ocasiones que Guerrero no quiso apuntar ninguna irregularidad, sino que simplemente improvisó una comparación con otras partidas. El resultado es que ha puesto a la juez en la pista sobre un asunto que puede dar algún sobresalto en los próximos meses, a medida que avance la instrucción.

Las partidas para formación se elevaron –según cifras aportadas por el PP-A– a 4.000 millones de euros en la década investigada del «caso de los ERE». Cuatro veces más que el «fondo de reptiles».