Un informe jurídico avala la decisión de Báñez de no acudir al Parlamento

La Cámara autonómica no trasladará el asunto a la Fiscalía. El letrado encargado de la redacción excusa también a Rivas y avisa de la «judicialización permanente de la política».

Los servicios jurídicos de la Cámara autonómica han elaborado un extenso informe en el que desaconsejan que el Parlamento traslade a la Fiscalía la incomparecencia en la comisión de investigación de la formación de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la comparecencia a medias del ex delegado provincial Antonio Rivas. Rivas acudió a la Cámara pero se levantó y se fue antes de que los diputados pudieran formularle pregunta alguna. El letrado Plácido Fernández-Viagas advierte asimismo en el informe de la «judicialización permanente de la política». «La incidencia sobre unos mismos hechos de un control político y otro jurídico penal (...) puede afectar seriamente al desprestigio de las instituciones, y al normal desarrollo del principio de separación de poderes (...). No es conveniente que las responsabilidades políticas se diriman por los tribunales».

Fátima Báñez ya presentó un informe del Consejo de Estado que avalaba precisamente que no tenía obligación de comparecer en el Parlamento, que se había excedido en sus competencias, toda vez que por su condición de ministra en el ámbito que tenía que rendir cuentas era en el de las Cortes Generales.

«Desde la interpretación estricta de los preceptos penales –recoge el texto– no existe base suficiente, a juicio de este letrado, para entender que la Señora Fátima Báñez pudiera haber incidido en tipo delictivo alguno del vigente Código Penal, como consecuencia de su incomparecencia».

En cuanto al ex delegado provincial de Empleo, el informe señala que «los hechos carecen de la suficiente trascendencia como para entender que se haya incidido en tipo penal. Entre otras razones, por la elemental del principio de intervención mínima con el que actúa ese derecho». Rivas, abunda el informe jurídico, «pudo actuar en forma desconsiderada, inoportuna, incluso se podría señalar en forma política incorrecta. Pero su conducta al menos a juicio de este letrado sin la relevancia necesaria para incidir en responsabilidad penal. Y entendemos que la seriedad y desprestigio de este Parlamento hacen desaconsejable llevar al fiscal cuestiones inanes».

PSOE, PP y C’s votaron ayer en contra de llevar el informe a la Fiscalía. Podemos, que anunció que elevaría el caso al Supremo, votó a favor. Todos los grupos, salvo el PP, acordaron elevar un reproche a la ministra en funciones.