Un interventor desmonta la estrategia de la Junta al avalar el menoscabo de fondos

El responsable de Huelva acusa al Gobierno andaluz de no hacer todo lo posible para recuperar el dinero. Apunta como una de las principales causas del desmán de las ayudas la «relajación» en los controles por parte de funcionarios.

La comisión de investigación parlamentaria por los cursos de formación ya le ha causado el primer dolor de cabeza al PSOE y a la Junta. La primera jornada pudieron capearla sin mucha dificultad porque los interventores provinciales de Almería y de Cádiz negaron categóricamente la existencia de un menoscabo de fondos públicos. Se apoyaron en la misma lectura que hace el PSOE: mientras que el dinero sea recuperable y se esté en plazo de reclamo al beneficiario, no cabe este extremo. El interventor provincial de Huelva se pronunció diametralmente en contra: «El dinero no tiene que ser incobrable para hablar de menoscabo de fondos».

Miguel Ángel García Bermúdez jalonó su intervención –un áspero «tour de force» con un miembro del PSOE– de algunas cotizadas perlas. Dijo, entre otras cosas, que si no hubiera sido por la labor de la Intervención hay expedientes que estarían «cerrados y lacrados» y los fondos se habrían «perdido» y que el hecho de que se produjera una mudanza por el traspaso de competencias de las políticas de formación, que pasaron en 2013 del Servicio Andaluz de Empleo a la Consejería de Educación no es motivo para que el SAE –como deslizó Rodrigo Sánchez Haro (PSOE)– no remitiera información. «Una mudanza es un hecho previsible. No entiendo que por este motivo se pierdan papeles. Además si se contrata a una empresa especializada para hacer la mudanza es precisamente para eso». Por otro lado, aunque el SAE estaba facultado para abrir expedientes sancionadores, no lo hizo. «No hay ninguna tradición al respecto. El día que alguien inicie un expediente de este tipo será el primero».

El debate se elevó a temperatura de reñidero a los pocos minutos de coger la palabra el diputado del Partido Socialista. «Mientras sea recuperable el dinero se entiende que no hay menoscabo». «No señor, no comparto esa opinión. Para mí se ha producido un daño», le replicó el interventor.

En ese momento el alto funcionario ya había agotado la botella de agua, se había puesto y quitado las gafas varias veces y arrancó la embestida argumentativa. «Pienso que hay menoscabo porque por muchas vueltas que se le dé es que se ha causado un daño. Ha habido mucha negligencia, con pagos indebidos, con liquidaciones de subvenciones del 25 por ciento restante –al inicio se libra el 75– que si hubiéramos visto en su momento la cuenta justificativa no se hubiera producido nunca ese pago».

Pasó a leer un documento que tenía preparado y que llevó también a un forcejeo con el dirigente del PSOE por la administración de los tiempos. Según dijo, tras intercambiar documentación con la interventora de Hacienda, quien se ocupa ahora de la fiscalización, de los 29 expedientes en los que señaló posible menoscabo, 14 los había justificado correctamente el Servicio Andaluz de Empleo «pese a que no disponían de la mínima información para ser fiscalizados». Los otros 15 estaban pendientes de justificar pese a que había expirado el plazo. Tras un proceso de petición de documentación, a través de «sucesivos escritos», el órgano gestor no la aporta. «Es que la actuación tendente –por parte de la Junta– para que no haya menoscabo de fondos públicos no se produce. De aquí a escaso tiempo todas las empresas van a ser insolventes y a quién le vamos a reclamar el dinero», se preguntó.

Pese a todo, negó que haya una acción deliberada, una «mano siniestra» que orqueste el fraude. Aunque sí apuntó posible responsabilidad de los directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, que son puestos de libre designación no necesariamente ocupados por funcionarios –de hecho no suelen serlo– para la emisión de certificados que garantizan la escrupulosa aplicación de las subvenciones.

Estos certificados son uno de los nudos gordianos del caso. Y así lo recoge la Guardia Civil en la investigación que ha llevado a cabo. Los certificados son los causantes principales de que se pervirtiera la función interventora «a priori», en teoría, más efectiva que el control financiero permanente que se aplicó a partir del 2011 cuando se crea la agencia de régimen especial del SAE. Los interventores provinciales, debido a la ausencia de personal –así lo han corroborado todos los comparecientes hasta ahora– no podían entrar a escrutar uno por uno los expedientes de justificación, por lo que se basaban principalmente en este certificado.

El alto funcionario apuntó como posible causa del desmán –incidió en que en su caso el 100 por cien de los expedientes analizados tenían irregularidades– a una «relajación» de los controles. «Los funcionarios somos personas y como personas se nos exige un control». Negó asimismo que esta relajación provenga de la propia norma que regula el control. «Es tan fácil como decirle a los funcionarios que no hagan ciertas cosas».

García Bermúdez alegó al final de su intervención que lleva 36 años de funcionario, «me he criado en la Intervención». Hasta ahora «nunca» ha visto un programa «con tantas irregularidades» como se encontró en los expedientes de formación. En lo que coincidieron los interventores de Huelva y de Córdoba – Antonio Escudero le precedió en el turno de palabra– es que hay dinero que difícilmente se va a recuperar teniendo en cuenta que la facultad para iniciar un expediente de reintegro caduca cuatro años después de que finalice el periodo para la justificación de la ayuda. «Estamos en 2016, lo veo complicado», dijo Escudero en relación a los expedientes previos a 2008. Los dos coincidieron también en que es el SAE el encargado del control de las prescripciones.

«He actuado con total honestidad. No me he inhibido de mis funciones». La frase del interventor de Huelva tiene varias lecturas. Pero hay una que conviene no perder de vista. Fue, de todas las provincias, el único que abrió un expediente de actuación por menoscabo de fondos.