Andalucía
Un juez autoriza a entrar con cerrajero en la sede de UPA-A
En la guerra abierta por el control de la organización agrícola, la federal denunció que la regional cometía varios delitos al impedirles el acceso
El conflicto en el seno de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se acrecienta. El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla resolvió a favor de la denuncia presentada por UPA federal contra el hasta ahora secretario general de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, y permitió a los representantes nacionales de la organización acceder a la sede regional, ayudándose de los servicios de un cerrajero.
Para el juez, los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», según se asevera en su auto, por lo que permitió adoptar una serie de medidas cautelares, solicitadas en la denuncia, como permitir al representante de UPA federal entrar en la sede de la regional, situada en la calle Alberche de Sevilla, o «requerir, si fuera necesario, la presencia de un cerrajero para franquear la entrada, con cambio en su caso de cerradura». Para ello dio vio libre también a «requerir a la compañía de seguridad encargada de la vigilancia de la sede para que desactive la alarma del inmueble».
Dichas medidas se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional «para el supuesto de que su presencia» fuera «necesaria» .
En la denuncia presentada por UPA nacional se aportaron copias de los estatutos de la organización y de una serie de acuerdos sociales. Junto a ello se apuntó la posible existencia de delitos de coacciones, allanamiento de domicilio y contra los derechos de los trabajadores, «al impedirse el acceso a miembros de la organización» a «la sede en Andalucía», ante lo que el juez optó por las medidas cautelares para «evitar que pueda mantenerse una situación cuanto menos irregular y al parecer ilícita, realizada por los denunciados».
El auto del magistrado fue emitido el pasado martes, el mismo día que UPA Federal presentó una denuncia ante el juzgado sevillano, contra el propio Rodríguez y contra la vicesecretaria general de Organización y Finanzas de UPA-A, Montserrat Moyano; y que el juzgado número 9 remitió a reparto. La entidad nacional ha cesado a ambos en sus cargos de la Comisión Ejecutiva del ente regional debido a las «graves irregularidades» cometidas en su gestión.
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