Un juzgado investiga a dos altos cargos de la Junta por los despidos de asesores de empleo

Un nuevo caso judicial que salpica de lleno a la Junta de Andalucía. El juzgado de instrucción número 8 de Sevilla ha citado como investigados –imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– al director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Julio Samuel Coca Branes y a su antecesor en el cargo, Antonio González Marín, que fue nombrado el pasado 19 de enero nuevo director general de la agencia IDEA. Este último ente también está afectado por otros escándalos como los ERE o Invercaria.

Este paso judicial se produce después de la demanda penal presentada por un grupo de asesores de empleo el verano pasado apuntando a posibles delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. Este colectivo viene quejándose desde hace años de que la Junta ha seguido criterios arbitrarios a la hora de readmitir o no a trabajadores con sentencias por despidos nulos o improcedentes. En algunos casos los beneficiados guardan relación con cargos del Partido Socialista.

Los 413 asesores de empleo del programa Memta, una iniciativa que puso en carga la Junta junto al Proteja para dar continuidad al Plan E de Rodríguez Zapatero, estuvieron trabajando para la Administración autonómica desde 2008 hasta final de 2012, momomento en el que fueron despedidos según ha alegado la Junta debido al recorte de transferencias por parte del Gobierno central.

Es entonces cuando empieza una doble pelea de los afectados. En la calle, a través de manifestaciones y protestas. Y en los tribunales. Las sentencias que emiten juzgados de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) son dispares. Las decisiones que adopta el Gobierno andaluz también. La casuística, como denunciaba ayer a este periódico uno de los afectados, es diversa, ya que hay trabajadores con sentencias nulas que han sido reincorporados a sus puestos de trabajo; y otros que no, con el consiguiente impacto en salarios de tramitación que esto está suponiendo a las arcas públicas. También hay procesos judiciales en los que la Junta ha desistido y otros en los que sigue litigando. En cuanto a los despidos declarados improcedentes, el contratador, en este caso el Gobierno andaluz, tiene la posibilidad de la reincorporación o la indemnización. La vía habitual ha sido la segunda, pero también ha habido excepciones.

Y una de las excepciones, sonada mediáticamente, acabó de indignar a este colectivo. Cuatro asesores de Jaén con despido improcedente acabaron reincorporándose a su puesto de trabajo debido a que el Servicio Andaluz de Empleo olvidó elevar un escrito al juzgado en los cinco días habilitados para ello. La Junta habló de recurso «extemporáneo». Lo cierto es que de los cuatro, tres guardan parentesco con ex concejales del PSOE de la provincia de Jáen. «Esa misma suerte la hubiéramos querido todos», se quejaba ayer a este periódico uno de los afectados con despido improcedente. La mayoría de éstos han acabado en su casa con una indemnización. «¿Qué protocolo, qué directriz siguieron en Jaén para la reincorporación de estos despidos improcedentes? Hay una clara decisión política por parte de la Junta de Andalucía», abunda el mismo afectado.

Este cúmulo de circunstancias es lo que dio lugar a que un grupo de antiguos trabajadores diera un paso más y pasara a la vía penal, al interponer la denuncia por los hechos que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. El abogado de los afectados, Iván Escalera, señaló ayer a LA RAZÓN que la motivación principal es que la Administración autonómica «ha actuado de manera muy distinta en unos casos y otros». Por otra parte, descartó que la sentencia del Tribunal Supremo del mes de abril que le quita la razón a los asesores de Empleo tenga ningún tipo de repercusión para los casos que ya están «consolidados» con reincorporaciones.

La otra pata de la denuncia penal tiene que ver con un delito contra los derechos de los trabajadores, toda vez que –según esgrimen los afectados– la Junta excluyó a los asesores adscritos al plan Memta de una posterior convocatoria de empleo público de más de 300 plazas. Según señalan, se les cerró el paso y no se tuvo en cuenta su antigüedad.

Estos argumentos los expuso el colectivo, de la mano de Podemos, en la Cámara andaluza coincidiendo con la tramitación y posterior aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2016. Podemos incluyó una enmienda para que la Junta readmitiera a los 413 empleados despedidos, y diera solución a otros colectivos con despidos como Delphi o Santana. El PSOE se negó a aceptar esta propuesta.

Queda otra denuncia penal

Las citaciones judiciales que ha acordado el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla tienen que ver con la primera denuncia penal interpuesta. Pero no ha sido la única. El mismo colectivo interpuso otra posteriormente, también contra el director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por un posible delito de malversación. De estas diligencias se ocupa otro juzgado distinto al de Instrucción 8. La Junta ha alegado en todo este proceso que se ha limitado a actuar conforme a derecho.