Un mes y un día (des)ocupados

SEVILLA- En el número 12 de la calle Evangelista ya no viven siete familias ocupas. Triana, como apéndice de Sevilla que camina con ritmo propio, llegó la última y alcanzó la meta la primera. La Corrala Libertad va tomando cuerpo de cooperativa, nada se hace sin el consenso vecinal. Porque no pueden y porque no quieren. Como una piña llegaron a un acuerdo con la propietaria del edificio y así siguen, hasta que la palabra corrala recupere, no sólo su esencia, sino su verdadero significado. Son la vida que hace del ladrillo un hogar.

Han pasado treinta y un días desde que adquirieron la categoría de inquilinos. No tienen agua ni luz, así que se conforman con ostentar la mitad del artículo 47 de la Constitución: tienen la vivienda –«un techo, que es lo que necesitamos»–; eso sí, poco digna y nada adecuada. El contrato con la promotora sirvió para revestir su día a día de legalidad. Y para aportarles una nada desdeñable dosis de «tranquilidad». Brigi, erigida en representante de sus vecinos, asegura que eso les basta de momento. Porque realmente es el único cambio significativo que ha ocurrido en las cuatro semanas que ha tardado en irse febrero. «Hay un compromiso de instalar la luz y es verdad que está colaborando en que podamos dar de alta los suministros, pero lleva su tiempo».

La enorme pancarta que cuelga de la fachada recuerda que el espíritu de las corralas nacidas de la necesidad de llenar con gente sin vivienda pisos vacíos es lo único que los distingue. Por lo demás, cuenta Brigi, son una comunidad al uso. O están cada vez más cerca de serlo. Comparten lo que tienen, incluso se plantean hacerlo con los contadores de agua porque su presupuesto no les da para asumir los alrededor de 150 euros que cuesta cada uno. Mientras se lo piensan, el cotidiano gesto de abrir el grifo carece de sentido para ellos.

La misma falta de dinero que los entregó a este inmueble abandonado les sigue impidiendo progresar. Ya no son ocupas, pero oficialmente están desocupados. Hay párrafos de la Carta Magna que no son más que un eco lejano para ellos. Del artículo 35, se conformarían con tres palabras: «derecho al trabajo». «La libre elección de oficio» parece lejana cuando la cola del paro en Andalucía duplica la población de la capital. «Tenemos nuestros chapús, vamos tirando haciendo limpieza, lo que sea...», admite.

Su caso fue un punto de inflexión para el movimiento de las corralas. En apenas un mes, recibieron una respuesta positiva. La pionera, la Corrala Utopía –instalada en la glorieta de San Lázaro de Sevilla– ha cumplido nueve en condiciones más que precarias. Las otras siete han corrido suertes dispares, llegando al desalojo. Brigi admite que las circunstancias los desbordaron. «Es verdad que esto no fue de un día para otro, estuvimos siete meses buscando edificios que cumplieran las condiciones para ser ocupados, no queríamos quitarle el pan a nadie...». Ya instalados, recurrieron a los medios de comunicación para contactar con Quisemar Integral SL, acuciada por las deudas y en quiebra, según el movimiento 15M.

«No sabemos los motivos para que accediera a cederlo –con un alquiler de 600 euros el inmueble completo–, pero lo ha hecho», declara satisfecha. Más de lo que pueden decir los poderes públicos. Ni Junta ni Gobierno ni Ayuntamiento han movido un dedo en este sentido. Es cuestión de quitarle el polvo a la Constitución y terminar de leer el artículo 47: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Brigi dice más: «Nos hemos dado cuenta de que todos –empresas y ciudadanos– hemos sido víctimas de los bancos y de los políticos». Amén.

EL MOVIMIENTO «REALOJO», EN ALZA

Corrala utopía, nueve meses sin solución

- Veintisiete mil firmas de apoyo en una semana lograron que Ibercaja, propietaria del edificio de la glorieta San Lázaro de Sevilla –ocupado por 36 familias desde mayo de 2012–, se sentara en una mesa de negociación junto a la Junta, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo Andaluz. Esta semana se celebrará otra reunión. «La sociedad no puede tolerar que se siga desahuciando a miles de familias mientras las entidades bancarias son propietarias de millones de viviendas vacías», denuncian los afectados.

Málaga y Huelva importan el movimiento

- A las nueve corralas surgidas en la capital andaluza, se unió en febrero la Corrala Buenaventura, un grupo de 12 familias desahuciadas y con problemas de vivienda que ocupan un edificio de La Trinidad en Málaga. En Cartaya (Huelva), otras ocho se instalaron en pisos vacíos para los que exigen un alquiler social.

Desalojo exprés de un edificio de la Junta

- Ni un mes duró la «aventura» de las 22 familias que se trasladaron a un inmueble de la Empresa Pública de Suelo (EPSA). La consejera de Vivienda, Elena Cortés, no tuvo más que contradecirse tras haber apoyado explícitamente las ocupaciones ilegales.